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La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial

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Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.

 

POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.

Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.

La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.

Prefectura, una máquina de impedir

Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.

A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.

La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.

Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.

Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.

Demoras de hasta 180 días

Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.

“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.

“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.

La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.

Grandes perjuicios

El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.

Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.

A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.


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El 2 de diciembre habrá asueto para la administración pública en Misiones

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aumento

Ayer martes, el gobierno provincial estableció correr la Fiesta Cívica del sábado 30 de noviembre, en conmemoración del aniversario del nacimiento del Comandante General Don Andrés Guacurarí y Artigas, al lunes 2 de diciembre, día en que habrá asueto para la administración pública.

La medida se oficializó a través del Decreto Nº 2555 publicado ayer en el Boletín Oficial conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley VI – N° 59. De esta manera, aludió al “significado que tiene para la ciudadanía misionera la rememoración de tan especial efeméride”, ya que: “los historiadores locales coinciden en señalar el protagonismo que tuvo la población indígena de las antiguas Misiones”.

Al pasar el asueto para el primer lunes de diciembre, finalmente invitaron al Poder Judicial y Legislativo, al Tribunal de Cuentas, entes autárquicos y descentralizados, instituciones bancarias y organismos nacionales con asiento en Misiones a adherir al asueto.

Transcurrida esa fecha, el último mes del año continuará con otros dos feriados, aunque solo uno de ellos caerá en día hábil. Por un lado, el domingo 8 diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María y el miércoles 25 de diciembre, fecha en que el cristianismo celebra la Navidad.

Decreto publicado en el Boletín Oficial de Misiones


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Sin el FTEL, el gobierno acordó un aumento salarial con gremios docentes

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En la mañana de hoy, los gremios docentes “dialoguistas” UDPM, SIDEEP, UDA, SEMAB-CEA, SADOP, AMET acordaron, junto a las autoridades educativas, aumentar a $137.610 el salario básico de maestros de grado, acuerdo del que no participó el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) al considerar insuficiente la oferta del gobierno.

El encuentro que tuvo por objetivo “trabajar y acordar la recomposición salarial correspondiente al mes de noviembre” se desarrolló en la sede del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ubicada sobre calle Miguel Dávila 976 de la capital provincial.

Contó con la presencia del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, su par de Educación Ramiro Aranda, la titular del Consejo General de Educación (CGE) Daniela López y el referente del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spem) Luis Bogado.

En el marco de esa mesa de diálogo, procedieron a la firma del acta que incluyó un aumento que eleva a $137.610,77 al salario básico de maestros de grado a partir de noviembre, además de establecer la Garantía Provincial Docente para el mes de noviembre de 2024 incluyendo Fopid y pasaje.

De esta manera, un docente sin antigüedad pasará a cobrar $513.504; con un año de antigüedad $517.146; de 2 a 4 años $518.967; con 5 a 6 años $524.429; con 7 a 9 años $528.070; y con 10 o más años de antigüedad $546.534.

Por otra parte, se acordó bonificar zona y antigüedad del Adicional Remunerativo Fopid desde el mes de noviembre de 2024 que se percibirá con el pago del Adicional Fopid en el mes de diciembre, cuya bonificación no formará parte del cálculo adicional regulador salario mínimo provincial.

También, pasaría a carácter remunerativo el 50% del actual adicional no remunerativo Fopid desde el mes de enero de 2025, en tanto, a partir del mes de noviembre de 2024, “se liquidará el adicional no remunerativo ni bonificable equivalente a 108 puntos índices para los docentes del SPMP que prestan servicios en las EFA que realizan trabajo de permanencia nocturna, hasta 4 guardias nocturnas semanales”, sin que ello signifique mayor carga horaria de la que actualmente están realizando. 

Finalmente, el acta concluyó con que “los docentes pasivos percibirán en el mes de noviembre un aumento a cuenta de la movilidad de 4%”.

La próxima mesa técnica se desarrollará el 4 de diciembre de 2024, donde se fijará la mesa salarial para el viernes 3 de enero de 2025 a fin de “trabajar y evaluar la viabilidad de aumentos salariales”, entre otros aspectos. 

Reclamo vigente

En medio de la reunión entre las autoridades provinciales con los gremios dialoguistas, las agrupaciones docentes disidentes se concentraron sobre ruta 12 en inmediaciones al Puente Ñacanguazú, en General Urquiza, donde realizaron un corte total en horas del mediodía.

Allí se apostó un grupo de alrededor de 50 personas, entre docentes, no docentes, jubilados y civiles autoconvocados en reclamo de mejoras salariales para el sector.

Corte de docentes sobre ruta 12 en cercanías al puente Ñacanguazú

 

Docentes cortan la ruta 12 en Urquiza y Montecarlo por reclamos salariales

 


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Campo Ramón fue distinguido por un programa de turismo de la ONU

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Campo Ramón

Ayer jueves, el Programa turístico Upgrade de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció a los pueblos ganadores del Best Tourism Villages 2024. Por Argentina, fueron galardonados Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Villa Tulumba (Córdoba) y Trevelin (Córdoba), mientras que la localidad misionera de Campo Ramón recibió una distinción especial.

La ceremonia de premiación se realizó en la Plaza de la Aduana de Cartagena de Indias, Colombia, en el marco de un programa que distingue a los destinos rurales por su patrimonio cultural y natural, y contó con la participación de 270 pueblos de 70 países.

Particularmente, Campo Ramón fue distinguido por su “alto potencial turístico” que posee gracias a su paisaje de selva subtropical y una rica biodiversidad, brindando actividades como senderismo, cicloturismo, avistamiento de aves y agrocamping, mientras que sus principales puntos de interés son el salto Teodoro Cuenca, una cascada de 12 metros, y el Camping Los Pinos, que ofrece servicios recreativos.

Con una población de 10.070 habitantes, la comunidad, principalmente rural, basa su economía en la agricultura, especialmente en cultivos sostenibles de yerba mate, té y frutas tropicales, mientras que el municipio lleva adelante proyectos de reforestación y protección de la biodiversidad.

Con este reconocimiento, Campo Ramón recibirá el acompañamiento del Programa Upgrade durante un año, beneficio con el que la ONU acompaña a los pueblos destacados para potenciar sus condiciones y que el próximo año tengan la posibilidad de ser finalmente elegidos.


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