Ayer por la tarde, docentes que llevan 44 días de acampe en la rotonda de acceso a Montecarlo sobre ruta 12, se reunieron con autoridades del Consejo General de Educación (CGE) a quienes expusieron sus reclamos para evaluar posibles soluciones.

En este marco, decidieron levantar la huelga de hambre iniciada el lunes 31 de marzo pasado, protagonizada por 14 docentes nucleados dentro del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL). 

Al lugar de la protesta arribó un responsable del Departamento de Legales del CGE, el director de Enseñanza Secundaria; Diego López y el director de Enseñanza Superior; Luis Oviedo, quienes informaron sobre las resoluciones correspondientes a los reclamos de las docentes Liliana Almeida (Bop 27 – Garuhapé) y Patricia Ibarra (Escuela Normal 11 – Eldorado).

Mientras tanto, confirmaron que continúa un proceso sumarial en la escuela Normal 11 e iniciaron una investigación en la Normal 2 de Montecarlo, ambos casos bajo la mira por hechos de “corrupción”.

“Vinieron las autoridades del CGE, resolvieron todo el tema de la huelga de hambre, los hechos de corrupción y designaciones, eso quedó resuelto, pero implica profundizar reuniones porque esto continúa”, afirmó un docente en diálogo con La Voz de Misiones desde el acampe. 

“Tenemos que seguir peleando por la devolución de lo descontado y las reivindicaciones salariales, como también las de salud e IPS”, aclaró dicha fuente.

De esta manera, bien la huelga de hambre fue levantada, el acampe con asambleas permanentes continúa en reclamo de una recomposición salarial, útiles escolares, insumos para comedores, devolución de descuentos por paros, el funcionamiento óptimo de la obra social IPS, entre otros puntos. 

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Luego de que la Municipalidad de Oberá desvinculara de sus funciones al abogado Luis Altamirano (32), detenido el viernes acusado de integrar una red de trata y pedofilia, el concejal Aníbal Manuel Ramírez (PRO) envió un pedido de informe a fin de conocer los criterios para el nombramiento de cargos que rigen en la comuna.

A través de un documento dirigido al intendente, Pablo Hassan, el concejal Ramírez consideró pertinente, en ejercicio de su banca, solicitar un “informe detallado y esclarecedor sobre el caso que involucra a un ex funcionario municipal”.

Luego, ahondó: “Dado que se trata de un caso de público conocimiento, considero indispensable conocer cuáles son los criterios y procedimientos que se aplican para el nombramiento de cargos dentro del gobierno municipal, especialmente en áreas sensibles como las comisiones vecinales, donde los funcionarios están en contacto permanente con personas de diferentes edades”.

En el mismo sentido, solicitó que se informe sobre las medidas adoptadas en relación al ex funcionario, a raíz de las denuncias que lo involucran.

Finalmente, señaló: “Requiero que se garantice la debida transparencia en el tratamiento de esta situación, y que se mantenga debidamente informado respecto a los avances o decisiones que se tomen en relación a los hechos denunciados”.

El caso

Por estas horas, Altamirano transita una causa penal que investiga presuntos hechos de corrupción de menores y que dirige el magistrado Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Cuatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ese motivo, ayer lunes la Municipalidad de Oberá comunicó oficialmente la desvinculación del empleado, cuyo contrato había iniciado el 1 de junio de 2021. 

La decisión fue tomada luego del allanamiento y la posterior detención del acusado en su domicilio particular.

Fue en el año 2023 cuando un operativo logró desbaratar una red de trata con fines de explotación sexual, que tenía al ex Gran Hermano Marcelo Corazza y al cocinero misionero Rolando Angelotti Notarbartolo como principales integrantes.

Lo que creen los investigadores es que Altamirano integraba esa misma red y su presunta vinculación con la causa surgió tras la recepción de nuevos elementos de prueba que se desprendieron de la pesquisa inicial. 

La Muni de Oberá desvinculó al abogado detenido por red de trata y pedofilia

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Ante la “falta de respuestas” por parte de las autoridades educativas, docentes iniciaron un paro de 24 horas con jornada de protesta, movilización y asamblea en el acampe que lleva más de 40 días a la vera de la ruta 12, en la rotonda de acceso a Montecarlo.

“Estamos esperando a las autoridades. Hubo un principio de acuerdo, solamente con la huelga de hambre. Pero con respecto al salario y los descuentos por paros, todavía no”, afirmó el docente y dirigente del Movimiento Pedagógico de Liberación, Ruben Ortiz en diálogo con La Voz de Misiones.

Ante la dilatación de una mesa de diálogo para debatir y resolver las demandas frente a las autoridades, los manifestantes decidieron presentar un instrumento legal, dando continuidad a las medidas y convocando a un paro por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, para este martes. 

En el documento aclararon que habrá jornada de protesta y movilización en reclamo ante la “violación al derecho a huelga, al aplicar descuentos”, “respeto irrestricto a las reglamentaciones vigentes sobre nombramiento, continuidad pedagógica y la erradicación definitiva de la corrupción del sistema educativo” y el pedido de una “inmediata recomposición salarial” y “un IPS al servicio del afiliado”.

Una de las medidas extremas que tomaron a lo largo de estos 43 días de acampe fue una huelga de hambre iniciada el lunes 31 de marzo por 14 docentes, quienes no habían recibido ningún tipo de asistencia médica, por lo que tres de ellas debieron ser hospitalizadas a una semana de su inicio. Desde entonces permanecen monitoreadas diariamente. 

Docentes hospitalizadas volvieron al acampe y continúan en huelga de hambre

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