Durante la jornada de hoy, pequeños y medianos productores de yerba mate realizaron cortes y manifestaciones en distintas localidades misioneras ubicadas sobre ruta 14, en reclamo de un mínimo de $390 por el kilo de hoja verde.

Algunos puntos de concentración fueron San Pedro, Fracrán, Aristóbulo del Valle y San Vicente, localidad donde los cortes de ruta se extendieron hasta la tarde, con una metodología de apertura de circulación sobre ambas manos cada diez minutos. En Salto Encantado, en tanto, también hubo manifestaciones, aunque sin interrupción de tránsito. 

Las medidas de protesta iniciaron el último lunes de noviembre con movilizaciones en al menos diez localidades y se fueron replicando esta semana, aunque con menor fuerza. 

En la mañana de hoy el productor Jorge Skripczuk participó de una asamblea entre yerbateros en la localidad de Aristóbulo del Valle y en diálogo con La Voz de Misiones, comentó: “Decidimos esperar. Confiamos en que los productores no hagan la zafriña”. 

Skripczuk se refirió así al paro de la cosecha de verano iniciada ayer por quienes venden la hoja verde a secaderos y exigen el pago de un mínimo de $390 por el kilo de hoja verde, mientras que otros elevaron el monto exigido a $450, por encima de los $230 que actualmente ofrecen los molinos para recibir la materia prima.

Sin embargo, el productor lamentó que “en las convocatorias que venimos haciendo acá la participación de productores y tareferos es prácticamente nula. En Aristóbulo éramos seis de los 30 que estuvimos el lunes de la semana pasada”. 

Luego, concluyó: “Creo que todavía no tomaron dimensión de lo que se viene con el tema yerbatero”.

Mientras que los productores reclaman un mejor precio por la hoja verde tras la desregulación del mercado, impulsada por el gobierno de Javier Milei, la metodología del parate de cosecha pega de lleno al sector más vulnerable del eslabón: los tareferos. 

Tareferos sin pago por el paro de cosecha: “Los dejan en pobreza crónica”

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Hoy inicia el paro de cosecha de yerba mate por cuatro meses, impulsado por alrededor de 200 productores de la provincia en reclamo de $450 por el kilo de hoja verde y la regularización del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Esta medida de fuerza afectará a miles de familias de tareferos, quienes quedarán sin trabajo y por ende, sin ingresos.

Consultado por La Voz de Misiones, el dirigente social y ex diputado provincial Martín Sereno aseguró que “El productor tiene espalda, pero nadie habló de ningún mecanismo para contener la necesidad de las 15 mil familias tareferas”.

Tras la desregulación del Inym, no solamente se vio afectado el productor yerbatero que, con la desregulación de precios debe entregar la hoja verde a secaderos por montos que oscilan entre los $170 y $230, sino que también refleja la desigualdad estructural entre los diferentes eslabones de la cadena productiva, siendo los tareferos los más afectados.

“Hoy los tareferos dependen mayoritariamente de decisiones externas a su sector y del asistencialismo estatal, lo que no resuelve sus problemas de fondo y afecta su dignidad porque lo que reciben equivale a un subsidio de indigencia”, señaló Sereno en referencia al programa Interzafra, que alcanza solo a una parte de los tareferos por un monto mensual actualizado de $123.000. 

Sin embargo, el pago de la interzafra no se hará efectivo en esta oportunidad porque el paro es impulsado por los productores y hasta el momento el Estado no evaluó medidas para cubrir el vacío laboral que dejará el cese de la tarefa. 

Paro de cosecha

Luego de una reunión realizada el pasado 22 de noviembre en la localidad de Andresito, alrededor de 200 productores de yerba mate decidieron no iniciar este lunes 2 de diciembre la cosecha de verano– también conocida como zafriña- como estrategia que apuntaría a desequilibrar el abastecimiento en góndola, obligando a los molinos a pagar un mayor precio por la hoja a los productores.

Al respecto, el ex legislador reflexionó: “Por un lado, el productor, utilizado como variable de ajuste por la industria toma decisiones como el paro de cosecha para presionar, pero no contempla cómo subsistirán los tareferos en este período. Esto deja a las familias de los trabajadores en una situación de pobreza crónica, a pesar del trabajo duro y especializado que realizan”.

Por lo que enfatizó: “Se necesita con urgencia un mecanismo virtuoso y sostenible que permita a los tareferos acceder a trabajo y producción durante la intercosecha. Este mecanismo debería garantizarles ingresos dignos y acceso a bienes y servicios básicos, que no son un lujo, sino un derecho humano esencial”.

“Mientras tanto, la falta de un nivel de organización sólido y unificado en el sector tarefero los deja más expuestos a esta realidad injusta. Es hora de que todas las partes involucradas, desde la industria hasta el Estado, asuman su responsabilidad en la construcción de un sistema más justo y equitativo”, concluyó.

Productores yerbateros piden $450 por el kilo de hoja verde y llaman al paro

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En la mañana de hoy, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, encabezó una mesa de diálogo junto a integrantes de distintas comunidades mbya, vecinos del Teyú Cuaré, autoridades provinciales y locales, y personal policial en San Ignacio.

Consultado por La Voz de Misiones, Rodríguez profundizó: “El objetivo principal fue bajar el tono al conflicto de vecinos con la comunidad Mbokajaty” y que, a su vez “el supuesto avance de un emprendimiento privado fue uno de los temas a tratar, también”.

Se trata de la comunidad que en julio pasado denunció al menos dos intentos de intrusión, además de otros episodios “de discriminación y violencia” que habría incluido el destrozo de sus viviendas y el robo de artículos personales. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que son ellos quienes intentan “avasallar la propiedad privada”.

Diferentes posturas

En cuanto a la reunión, el titular de Asuntos Guaraníes cuestionó que los miembros de la comunidad hayan sido acompañados por miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

En sus palabras: “Mbokajaty participó junto a Emipa, cuando solo la comunidad tiene representatividad. Por este motivo se complicó el diálogo y tuvimos que concluir anticipadamente, porque los vecinos expresan que no son representativos para las comunidades, por lo que no quieren que participen. Con Mbokajaty sí, tienen toda la predisposición de charlar”.

Por su parte, Roberto Bonetti, vecino de la zona, desmintió la presunta construcción de un hotel y explicó: “El conflicto se dio entre las comunidades que fueron puestas acá por gestiones municipales anteriores y propietarios del lugar con título de propiedad, que tienen emprendimientos y pagan impuestos”.

“Estas comunidades lo que quieren es pasar por encima de los derechos de propiedad privada. Están avasallando los derechos de propiedad amparados en una ley y un relevamiento territorial llevado a cabo por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que son un fraude”, concluyó haciendo alusión a la Ley 26.160, la cual declara la emergencia territorial indígena y prohíbe los desalojos en todo el país desde finales del 2006.

La disputa territorial se está dando sobre un área de valor ecológico y turístico de Teyú Cuaré, por lo que aguardan la pronta resolución por parte de las autoridades provinciales y nacionales.

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