Provinciales
Piden suspensión de la matrícula del abogado Gustavo Maldonado

En un escrito dirigido al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), el periodista Enrique Ortiz -víctima de lesiones y amenazas propinadas por el abogado Gustavo Maldonado el miércoles pasado-, solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.
El pedido para que suspendan a Maldonado del ejercicio de la abogacía fue realizado por Ortiz a través de su representante legal, Federico Esquivel, y coincide con el sumario que, de oficio, el mismo órgano disciplinario de Cademis anunció el viernes, luego que declararan al matriculado violento como “prófugo de la justicia”.
Mientras Maldonado continúa evadiendo a las autoridades judiciales que solicitaron su comparecencia, un grupo especial de la Policía intenta dar con el paradero del letrado en fuga quien, desde la clandestinidad, grabó un video en las últimas horas denunciando “persecución política y judicial”.
Gustavo Maldonado debe responder a la Justicia sobre una denuncia por el delito de “amenazas agravadas y lesiones leves” contra el periodista Enrique Ortiz. El Colegio de Abogados, a su vez, analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.
LVM pudo acceder al documento que solicita la suspensión de la matrícula profesional de Maldonado. Fue presentado ante el Tribunal de Disciplina con material fotográfico, videos y testimoniales, a través de los cuales el denunciante aseguró que:
“Maldonado se maneja así, no solo con sus propios clientes, sino también con la contraparte, amedrentando tanto en sede de juzgados y comisarías, como en otros estamentos públicos, diciendo ser amigo del ministro de Gobierno Marcelo Pérez y del mismo gobernador, Hugo Passalacqua, imponiendo de esta forma poder, arrogancia y miedo con quien está tratando”.
A su vez, añade que el abogado en cuestión “tiene sendas denuncias públicas, de propios clientes, sobre este proceder temerario, donde deja a las claras su carácter contumaz y totalmente fuera de derecho, creando temor hacia sus propios clientes y contraparte”.
“Considero justo que se condene con una sanción ejemplar al abogado Maldonado, ya que vivimos en un estado de derecho y no en el “far west”, donde existen las leyes, la defensa en juicio y un juez competente quien debe garantizar y velar en todo momento por la justicia y el orden público”, concluye la denuncia.
Un tercer implicado
Fuentes policiales lograron establecer, mediante testigos, cámaras de seguridad y tareas de inteligencia previa, la participación de un tercer cómplice que sería un “entregador”. En estos momentos está siendo investigado por la Justicia y habría sido identificado.
Todo comenzó el pasado miércoles alrededor de las 19, cuando el periodista Enrique Ortíz fue agredido frente a su domicilio con golpes y empujones propiciados por el abogado Gustavo Maldonado, acompañado por Gastón Machado, quien habría estado portando un arma de fuego, por lo que logró ser capturado el pasado viernes en Posadas.
Mientras tanto, Gustavo Maldonado permanece prófugo de la Justicia y el viernes, tras un allanamiento realizado en su domicilio por la Policía, por orden del juez Pedro Piris, grabó y viralizó un video denunciando “persecución política y judicial”, haciendo responsable a la Justicia, las fuerzas de seguridad y al propio gobernador.
Por su parte, el letrado posadeño Federico Esquivel solicitó ante el Juzgado de Instrucción Cinco la querella en representación del periodista agredido, a fin de impulsar y colaborar en la investigación junto al juez que investiga la causa, Pedro Piris.
Desde la clandestinidad Maldonado denunció: “Persecución política y judicial”
Provinciales
Caso Altamirano: concejal elevó un pedido de informe al intendente de Oberá

Luego de que la Municipalidad de Oberá desvinculara de sus funciones al abogado Luis Altamirano (32), detenido el viernes acusado de integrar una red de trata y pedofilia, el concejal Aníbal Manuel Ramírez (PRO) envió un pedido de informe a fin de conocer los criterios para el nombramiento de cargos que rigen en la comuna.
A través de un documento dirigido al intendente, Pablo Hassan, el concejal Ramírez consideró pertinente, en ejercicio de su banca, solicitar un “informe detallado y esclarecedor sobre el caso que involucra a un ex funcionario municipal”.
Luego, ahondó: “Dado que se trata de un caso de público conocimiento, considero indispensable conocer cuáles son los criterios y procedimientos que se aplican para el nombramiento de cargos dentro del gobierno municipal, especialmente en áreas sensibles como las comisiones vecinales, donde los funcionarios están en contacto permanente con personas de diferentes edades”.
En el mismo sentido, solicitó que se informe sobre las medidas adoptadas en relación al ex funcionario, a raíz de las denuncias que lo involucran.
Finalmente, señaló: “Requiero que se garantice la debida transparencia en el tratamiento de esta situación, y que se mantenga debidamente informado respecto a los avances o decisiones que se tomen en relación a los hechos denunciados”.
El caso
Por estas horas, Altamirano transita una causa penal que investiga presuntos hechos de corrupción de menores y que dirige el magistrado Ariel Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Cuatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ese motivo, ayer lunes la Municipalidad de Oberá comunicó oficialmente la desvinculación del empleado, cuyo contrato había iniciado el 1 de junio de 2021.
La decisión fue tomada luego del allanamiento y la posterior detención del acusado en su domicilio particular.
Fue en el año 2023 cuando un operativo logró desbaratar una red de trata con fines de explotación sexual, que tenía al ex Gran Hermano Marcelo Corazza y al cocinero misionero Rolando Angelotti Notarbartolo como principales integrantes.
Lo que creen los investigadores es que Altamirano integraba esa misma red y su presunta vinculación con la causa surgió tras la recepción de nuevos elementos de prueba que se desprendieron de la pesquisa inicial.
La Muni de Oberá desvinculó al abogado detenido por red de trata y pedofilia
Provinciales
A dos semanas de la huelga de hambre, paro y asamblea docente en Montecarlo

Ante la “falta de respuestas” por parte de las autoridades educativas, docentes iniciaron un paro de 24 horas con jornada de protesta, movilización y asamblea en el acampe que lleva más de 40 días a la vera de la ruta 12, en la rotonda de acceso a Montecarlo.
“Estamos esperando a las autoridades. Hubo un principio de acuerdo, solamente con la huelga de hambre. Pero con respecto al salario y los descuentos por paros, todavía no”, afirmó el docente y dirigente del Movimiento Pedagógico de Liberación, Ruben Ortiz en diálogo con La Voz de Misiones.
Ante la dilatación de una mesa de diálogo para debatir y resolver las demandas frente a las autoridades, los manifestantes decidieron presentar un instrumento legal, dando continuidad a las medidas y convocando a un paro por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, para este martes.
En el documento aclararon que habrá jornada de protesta y movilización en reclamo ante la “violación al derecho a huelga, al aplicar descuentos”, “respeto irrestricto a las reglamentaciones vigentes sobre nombramiento, continuidad pedagógica y la erradicación definitiva de la corrupción del sistema educativo” y el pedido de una “inmediata recomposición salarial” y “un IPS al servicio del afiliado”.
Una de las medidas extremas que tomaron a lo largo de estos 43 días de acampe fue una huelga de hambre iniciada el lunes 31 de marzo por 14 docentes, quienes no habían recibido ningún tipo de asistencia médica, por lo que tres de ellas debieron ser hospitalizadas a una semana de su inicio. Desde entonces permanecen monitoreadas diariamente.
Docentes hospitalizadas volvieron al acampe y continúan en huelga de hambre
Provinciales
Docentes hospitalizadas volvieron al acampe y continúan en huelga de hambre

En la tarde de ayer tres docentes debieron ser hospitalizadas por complicaciones de salud tras superar una semana en huelga de hambre. Sin embargo, en la mañana de hoy dos de ellas recibieron el alta médica y decidieron volver a la rotonda de acceso a Montecarlo para sostener el reclamo por una recomposición salarial, útiles escolares e insumos para comedores.
Patricia Ibarra y Raquel Cáceres son quienes recibieron el alta médica, mientras que Liliana Almeida fue derivada al Samic de Eldorado y debió permanecer bajo observación durante más tiempo, aunque se espera que en las próximas horas vuelva al campamento junto a las demás docentes.
El acampe en ese punto de la provincia se encuentra activo desde hace más de un mes y, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas, los referentes del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) decidieron dirigirse al juzgado de Montecarlo para denunciar la situación y evaluar medidas próximas.
“El paso del tiempo comenzó a hacer estragos en la salud de las compañeras que comenzaron a mostrar un gran deterioro en sus condiciones físicas y psíquicas. Mientras tanto desde el Consejo General de Educación (CGE) continúan sin dar respuestas a los reclamos de los colegas que llegaron a estas medidas extremas exponiendo su salud como condición para la resolución de los casos, muchos de ellos de corrupción que la patronal insiste en ocultarlos”, manifestaron desde el mencionado gremio a través de un comunicado.
Y concluyen: “Desde aquí rogamos para que las compañeras recuperen su quebrantada salud y que la patronal decida de una buena vez de qué lado está”.
La huelga de hambre fue iniciada el lunes 31 de marzo por catorce docentes provenientes de Andresito, Montecarlo, Eldorado, Piray, Wanda, Santiago Liniers, Iguazú, Posadas y Jardín América.
Trasladaron al hospital a tres docentes que realizan huelga de hambre en Montecarlo
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