Puente Quemado II: un territorio en pugna, un camión jaula y un desalojo apelado
La medida se cumplió por orden del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, en respuesta al pedido de restitución de lotes del 71 al 78 de la facción Cañafístola por parte del empresario forestal Alfredo Ruff.
El accionar no solo fue cuestionado por haberse ejecutado sin una orden judicial vigente, sino también por la forma, vulnerando los derechos de los niños, jóvenes y adultos que integran la comunidad e incluso la misma condición de seres humanos, al ser expulsados por la fuerza y trasladados en medio de todas sus pertenencias dentro de un camión jaula no apto para la circulación.
La orden había sido dictada el 17 de julio pasado por el juez Sena, quien autorizó el ingreso de la fuerza pública para concretar el desalojo, aun cuando el mismo fallo reconocía que la titularidad definitiva del territorio no había sido resuelta.
Inicialmente, el operativo estaba previsto para ese mismo día, pero fue suspendido provisoriamente por un amparo presentado por los abogados del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), medida que otorgó un alivio a la comunidad, aunque nunca dejó sin efecto la orden judicial que finalmente se concretó el martes 28 de julio.
A 48 horas del procedimiento la irregularidad del desalojo había llegado a los ojos de organizaciones tanto locales, como nacionales e internacionales ante la violación de los derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que tanto la Justicia como los organismos vinculantes se vieron obligados a dejar sin efecto la medida -ya ejecutada- dando lugar a nuevas mesas de diálogo entre las partes involucradas.
Esta fue la segunda vez en el año que Puente Quemado II es vulnerada por la fuerza. La primera fue en mayo pasado cuando, en un intento de desalojo, fueron demorados en la comisaría local el cacique Santiago Ramos junto a otros siete hombres de la comunidad, quienes fueron trasladados en las carrocerías de camionetas, junto a mujeres y niños, por una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y ejecutada por efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV.
Esa demora se había prolongado por casi doce horas y se efectuó a solo una semana del viaje realizado por la referente mbya , a Nueva York, donde disertó ante la sede norteamericana de la ONU, junto a la abogada , sobre el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y las empresas forestales, Arauco y Forestal Ruff, que acechan la zona hace varios años.
Entre las normativas vigentes que protegen sus derechos se encuentran: la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; Convenio 169 de la OIT; Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; Declaración ONU (2007), así como también convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.