La Policía de Misiones identificó y demoró a la auditora de la Andis que, esta mañana, atacó y destruyó los equipos de los periodistas de Crónica que cubrían el operativo del organismo nacional en el Salón Parroquial de 25 de Mayo.

Según un reporte policial al que tuvo acceso La Voz de Misiones, la mujer fue identificada como Laura Alicia Báez, domiciliada en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, quien aparece en los videos del ataque a los periodistas y discutiendo con el intendente de Aurora, Cali Goring.

El reporte indica que, tras la denuncia formulada por el corresponsal de Crónica, Enrique Ortíz, la fuerza policial dispuso un “operativo cerrojo” para localizar el Chevrolet Prisma gris señalado por el periodista, que fue interceptado en el acceso a la localidad de Campo Grande, sobre la ruta provincial 8.

Según el informe policial, en el vehículo viajaban la agresora de Ortíz y su equipo, conformado por Luciano Pedro Mangone, que iba al volante, y Andrés Rubén Báez, los tres marplatenses; Cain Camilo Iokich, de La Plata; y Guadalupe Lujan Guanes Texeira, de Posadas; todos fueron trasladados a la Comisaría de Campo Grande.

La denuncia es por amenazas, daños y agresiones físicas (lesiones leves). En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

Facsímil de la denuncia policial del periodista de Crónica, Enrique Ortíz, por el ataque sufrido en 25 de Mayo.

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El intendente de Colonia Aurora, Carlos Cali Goring, cuestionó la actuación de los auditores contratados por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que trabajaron ayer y hoy en 25 de Mayo, en un operativo que, a juzgar por los videos, quejas y denuncias, se salió totalmente de control.

“Vinieron de Buenos Aires, gente muy prepotente y maleducada”, describió Goring al equipo que desde hace unos días recorre la tierra colorada relevando la documentación de quienes perciben una pensión por discapacidad en la provincia.

En diálogo con La Voz de Misiones, el intendente de Aurora aseguró que “esta gente le faltó el respeto a todo el mundo” y que, incluso, desconocieron la investidura de los jefes comunales de la zona, quienes estaban colaborando para el operativo.

“Tenemos entendido que son de una empresa privada contratada por la Andis, pero si es una empresa deberían atender a la gente con respeto y de ninguna manera venir como que ellos son las autoridades ellos”, afirmó Goring y puntualizó: “No nos respetaron a los intendentes”.

“Tres intendentes estuvimos juntos”, apuntó, en referencia a sus colegas de 25 de Mayo y Alba Posse, Omar Wdowin y Lucas Gerhard, quienes arbitraron medios y recursos de sus municipios para acercar a las miles de personas hasta el salón parroquial donde se montó el operativo.

Goring contó a LVM que, en un momento dado, los tres jefes comunales querían conocer la identidad del médico del equipo de auditores, y que al intentar acercarse fueron interceptados por un guardaespaldas que les cortó el paso con “insultos y violencia”.

“Era un tipo grande, fuerte. ‘Yo soy seguridad’, gritaba”, relató Goring. “Se burló de nosotros, nos decía: ‘Ustedes qué vienen a chapear con sus cargos, no tienen nada que hacer acá’”, contó.

“¿Vos te imaginás lo que es discutir con un porteño que enseguida te levanta la voz?”, agregó.

Goring, señaló que, finalmente, el médico pudo ser identificado gracias a la intervención de la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antunez, que se encontraba en el lugar.

Se trata de Claudio Alberto Lapetina, un médico bonaerense que se desempeña en el ámbito privado en la misma clínica de Pergamino que el cardiólogo Leandro Peñaloza, que la semana pasada denunció que su firma y sello aparecían en los certificados que los auditores entregaban a la gente auditada en San Ignacio.

Boca sucia

El jefe comunal de Aurora se refirió a las escenas de violencia que se viralizaron en las redes, donde se ve a una joven del grupo de auditores, sacada y arremetiendo a golpes contra un equipo de periodistas que cubrían la actividad para el canal porteño Crónica.

“Le agredió a la gente de Crónica y cuando yo veo que esta mujer fue derecho contra una chica que estaba filmando, intervine para separarlas”, relató Goring sobre las imágenes en las que aparece en medio de la trifulca.

“Ella fue derecho al celular de la chica, a las piñas, con la mano cerrada le atacó, y yo lo que hice es estilarle para separarlas a las dos”, explicó.

“Yo le dije: ‘Señora ubíquese, vamos a seguir trabajando’, y ella me tiró una catarata de insultos”, contó Goring y concluyó: “Por eso que le traté de ‘boca sucia’, como se ve en el video”.

 

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Las auditorias de certificados por discapacidad generadas por presuntos militantes libertarios a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en Misiones inició la semana pasada en San Ignacio y este martes continuó en 25 de Mayo, donde advierten que “Andis está entregando un certificado apócrifo ” y que “los médicos que trajeron no firman las auditorías”, por lo que incentivan a realizar la denuncia correspondiente ante la Policía de Misiones, con copia al Consejo Provincial de Discapacidad.

Desde el organismo provincial, la titular Tatiana Antunez anticipó que se encuentran sumando pruebas para luego presentar un amparo ante la Justicia Federal de Posadas.

Consultada por La Voz de Misiones, sobre la metodología de las auditorías, la funcionaria aseguró que: “Son contratados por Pami para prestar servicio de las auditorías, el referente se llama Fernando Cejas”.

En ese marco, alertó que “no son profesionales, ninguno. Contrataron militantes de la Libertad Avanza para realizar las auditorias. A la gente le decían que eran entrevistas. Toda la gente fue citada por carta documento donde describía auditoría médica”.

A esto se suma la presencia de “sellos truchos” y el rechazo del trámite final ante organismos como Anses.

Al igual que lo sucedido en San Ignacio el viernes, el epicentro de los trámites esta semana es 25 de Mayo, donde no solo fueron convocados habitantes de ese municipio, sino también de localidades cercanas como Alba Posse y Colonia Aurora, entre otras.

Las imágenes se repitieron: largas filas bajo el sol, sedes improvisadas, militantes en vez de médicos, personas desvanecidas y hasta empujones a periodistas, como sucedió con el reportero de Crónica Tv, Enrique Ortiz.

El intendente de 25 de Mayo, Omar Wdowin, analizó la situación en diálogo con Radio República y señaló: “Estamos en una situación caótica con las auditorías. Creemos que citaron a casi 6.000 personas. Hay chicos para hacer las auditorías”.

Y agregó: “Los chicos dicen ser una empresa que vinieron a ordenar los datos. Ellos vienen, te reciben los papeles pero no quieren ni a la prensa. Un día hablan de auditoría otro día hablan de relevamiento“.

Frente a toda esta situación, Antúnez recomendó realizar la denuncia ante la Policía de Misiones y luego enviar al correo electrónico [email protected] o por WhatsApp al 3764739338.

San Ignacio

El jueves pasado, San Ignacio vivió una jornada de caos cuando un centenar de personas con discapacidad se agolparon frente a un restaurante para tramitar las auditorías de certificados de discapacidad.

En ese contexto, cinco personas se descompensaron y una mujer sufrió un accidente cerebrovascular, sin poder recibir asistencia médica en el lugar.

Como si fuera poco, más tarde un médico de Pergamino, provincia de Buenos Aires, descubrió que en las auditorías estaban utilizando un sello a apócrifo con su nombre.

Allí participaron alrededor de 4.000 personas con discapacidad que arribaron a la localidad desde diferentes puntos de la provincia

Por estas horas, el gobierno provincial avanza en nuevas presentaciones de amparos ante la Justicia Federal para frenar las auditorías irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad, las cuales consideran “irregulares”.

Días atrás, fue anticipado por el vicegobernador de la provincia de Misiones, Lucas Romero Spinelli: “Recurrimos a la Justicia Federal para que se suspendan las auditorías irregulares de los beneficiarios de pensiones no contributivas de Misiones. Desde el mes de abril venimos alertando acerca del absoluto incumplimiento del proceso de auditorías por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

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