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Tras el quiebre de Ueno Bank, del que el presidente paraguayo Santiago Peña era directivo hasta abril del año pasado y el vicepresidente Pedro Alliana uno de sus mayores deudores, legisladores opositores oficializaron este miércoles en la Cámara de Diputados los pedidos de juicio político contra ambos mandatarios.
Los líbelos acusatorios contra Peña y Alliana fueron secundado por unos 35 diputados, la mayoría del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor espacio político de la oposición; Encuentro Nacional (PEN), Patria Querida (PQ) y País Solidario (PS).
El anuncio fue realizado por los diputados Rocío Vallejo, de PQ; Raúl Benítez, del PEN; y Johanna Ortega, de PS, quienes se mostraron esperanzado de que parte de los 43 legisladores de la bancada oficialista acompañen la acusación para la destitución del presidente y vice en el Senado.
“Hoy tres millones de personas están sufriendo por haber perdido sus ahorros. La mitad de la población está angustiada, está llorando. No tienen ni para comer gracias a Santiago Peña”, manifestó la diputada Vallejo.
“Tenemos esperanza de que el oficialismo va a acompañar. Estamos conversando con todos los colegas y varios de ellos están también sumamente molestos. Primero, el presidente tiene fueros, tiene que irse y ser investigado por la Fiscalía”, remarcó.
Los bloques opositores pidieron una sesión extraordinaria para mañana a las 10:00 horas, a fin de avanzar en el líbelo contra Peña y solicitar otra extraordinaria para la acusación contra Alliana.
El líbelo acusatorio contra Peña pide enjuiciar al presidente por el hecho de haber conservado, al asumir el cargo, una participación patrimonial en Ueno Holding SAECA y, paralelamente, promover una ley para flexibilizar el régimen de conflicto de intereses y nombrar a ex directivos del grupo en organismos clave de supervisión del sistema financiero, como el Banco Central, facilitando convenios y adjudicaciones públicas a empresas vinculadas.
A la vez, acusa a Peña de “manipulación regulatoria y concentración de fondos del sistema jubilatorio”, en una maniobra que involucró aproximadamente el 11% del portafolio global del IPS, sobrepasando el límite legal del 10% por emisor, bajo la injerencia directa de asesores presidenciales.
También, de haber sobrepasado los límites crediticios al permitir que Ueno Bank coloque dinero más allá del tope legal de 20% del patrimonio de la entidad.
La acusación señala que el Banco Central convalidó maniobras de cesión de cartera para encubrir la falta y que el presidente omitió ejercer sus potestades de control y remoción antes de la intervención del banco.
A la par, el líbelo destaca un incremento no justificado del patrimonio neto del mandatario, de más de 1.600% entre 2017 y 2023; además de haber obtenido créditos de Ueno Bank con cuotas mensuales que sextuplicaban su salario como presidente.
En el último punto, se acusa a Peña de “afectar la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico”, ya que “la injerencia política y la falta de imparcialidad del ente regulador minaron la credibilidad del sistema bancario nacional, exponiendo a los recursos públicos y a los fondos de la seguridad social a una situación de vulnerabilidad institucional”.
Al vicepresidente Alliana se acusa de “instrumentalizar su rol constitucional de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para bloquear pedidos de informes, interpelaciones e investigaciones parlamentarias sobre las irregularidades de Ueno Bank SA y del Banco Central del Paraguay (BCP), reteniendo y ocultando dictámenes técnicos de supervisión”.
También, se le atribuye “haber coordinado e impulsado la sanción de la ley que desnaturalizó la normativa de prevención de conflictos de intereses al eliminar restricciones al paso de ex funcionarios al sector financiero privado regulado, facilitando un esquema de ‘puertas giratorias’”.
El líbelo contra Alliana lo señala también por “haber avalado en el Consejo de Ministros la colocación masiva de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social, conociendo las debilidades de la entidad y exponiendo el patrimonio de los jubilados a un riesgo sistémico previo a su intervención”.
Asimismo, “se objeta su silencio ante el exceso de límites de crédito acumulados por Ueno Bank SA con empresas vinculadas”, como también “sus declaraciones públicas al suspender su precandidatura con el argumento de que debía ‘arreglar la casa’” y que “no pagaría ‘la fiesta de otro’”, que “son consideradas como una admisión fáctica de las irregularidades, afectando su idoneidad para la sucesión presidencial”.