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El Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada María Verónica Skanata, dictó el auto de procesamiento para 15 de los 17 policías imputados en la causa por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, el joven de Dos de Mayo cuyo paradero se desconoce desde el 27 de marzo de 2008.
La resolución fue firmada este lunes, tiene un total de 114 hojas y alcanza a: Ewaldo Katz -ex jefe de la comisaría de Dos de Mayo-; Edgardo Arce; Liliana Saft; Carmelo Cerdán Cruz; José Pereyra Da Silva; Alejandro González Samudio; Wiliams Lunge; Maximiliano Gutiérrez; Ramón Cardozo; Mario Villar; Diego Amarilla; Alfredo Ortiz; Cristián Silva; Baldemar Parra; y Ofelia Ziller.
Según consignaron las fuentes consultadas, del total de imputados, ocho fueron procesados como “coautores” del delito de desaparición forzada, mientras que los restantes siete fueron acusados como “partícipes secundarios”. Todos ellos registran medidas cautelares en sus contra, algunos cumplen arresto domiciliario, mientras otros siguen el proceso en libertad, aunque supeditados a la causa y con restricciones.
En el mismo dictamen, la magistrada dispuso el sobreseimiento para Mario Eduardo Pellizer y la falta de mérito para Juan Ramón Ferreyra.
Golemba tenía 27 años cuando desapareció, el 27 de marzo de 2008, luego de trasladarse a Oberá por una consulta médica. Desde entonces, se desconoce su paradero.
La investigación inicial estuvo a cargo de la Justicia provincial, pero en junio de 2021 el expediente pasó al fuero federal, donde comenzó a investigarse como una posible desaparición forzada de persona.
En agosto de este año, la causa tuvo un nuevo impulso con la detención de efectivos policiales en actividad y retirados. La fiscalía atribuyó a los implicados distintos grados de participación en una presunta maniobra destinada a encubrir lo sucedido, mediante un pacto de silencio institucional.
En la imputación formulada por la fiscal Silvina Gutiérrez, se sostiene que el joven agricultor fue víctima de una privación ilegítima de la libertad, seguida de una “permanencia bajo una custodia estatal clandestina” en la comisaría de Dos de Mayo, donde fue objeto de una golpiza y más tarde trasladado hacia un paradero desconocido aún 18 años después.
La acusación reconstruyó que, a partir de ahí, se orquestó un “plan criminal” y un “pacto de silencio institucional” en el que, directa o indirectamente, todos los involucrados desplegaron acciones tendientes a impedir que se conociera lo ocurrido, es decir, a asegurar la impunidad.