Todo listo para que se fije fecha de juicio contra el músico Andrés González
El expediente contra Andrés González, el músico que pasó de testigo a acusado en el accidente automovilístico que le costó la vida a su novia Melina Sosa Labandera (25) y la turista mendocina Melisa Caram (27) en marzo de 2019, se encuentra en etapa de ofrecimiento de pruebas, instancia en la que la Fiscalía adelantó que se opondrá a un posible suspensión de juicio a prueba (probation), ante lo cual la causa indefectiblemente deberá ser ventilada en debate oral.
Tras la elevación a juicio de la causa decretada en abril por el magistrado Juan Manuel Monte, del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, el expediente ahora se encuentra bajo la órbita del Juzgado Correccional y de Menores Uno, cuyas autoridades, con la magistrada Marcela Leiva a la cabeza, iniciaron los trámites correspondientes para programar una fecha para el inicio de las audiencias.
La Voz de Misiones pudo saber que actualmente la causa se encuentra en etapa de ofrecimiento de pruebas por parte de los actores judiciales que intervendrán en el debate oral: María Laura Álvarez en representación de la Fiscalía y Federico Tilli como abogado defensor particular.
En ese marco, fuentes consultadas por LVM indicaron que en los recientes planteos la fiscal Álvarez solicitó la citación de una decena testigos para que presten declaración testimonial, entre ellos Facundo Chemes y Samir Gabriel Daou, ambos sobrevivientes del siniestro. Daou, incluso, al comienzo del caso fue apuntado como el conductor del rodado, aunque mediante pericias se estableció que en realidad solo era un acompañante más en el auto que tenía a González al volante.
Además, la fiscal también adelantó en su escrito que denegará la concesión de una posible suspensión de juicio a prueba o probation, mecanismo que pretende extinguir la acción penal contra un imputado a cambio del cumplimiento de determinas reglas de conducta o labores comunitarias.
En su planteo, Álvarez argumentó que la aplicación de este instituto no debería ser procedente en virtud de que el caso tiene comprometido cuestiones de seguridad e interés público.