Un chofer de colectivos identificado como Cristian Alejandro Rodríguez (29) fue detenido en las primeras horas de Navidad por delitos caratulados como “lesiones leves”, “amenaza agravada” y “resistencia a la autoridad” por un hecho ocurrido en Pueblo Illia, pero su pareja Agustina Melnik denuncia no solo un abuso de autoridad por parte de los agentes intervinientes, sino también acusa una “paliza” recibida por su marido antes de ser llevado a la comisaría.

En diálogo con La Voz de Misiones, Melnik relató que tras la cena navideña su esposo salió de casa junto a un hermano con la idea de comprar cervezas para tomar en el hogar de su suegra, mientras ella se quedó descansando.

Según la versión aportada, luego de comprar las bebidas, ambos se detuvieron en una esquina y se quedaron charlando con unos amigos. “Estaban hablando y pasó la Policía. Les dijo que tenían 5 minutos para retirarse. Estaban hablando y tomando algo nomas. Era Navidad, todos los bares estaban repletos de gente festejando”, contó la esposa de Rodríguez, que cursa un embarazo de cuatro meses.

La joven reconoció que su marido se “retobó” y reiteró que no “estaban haciendo nada malo, solo compartiendo”. Fue en esa instancia que los uniformados descendieron del patrullero y uno de ellos le advirtió: “Los estoy mandando a la casa”, reveló Agustina.

Ante el ultimátum de los agentes porque estaban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, los jóvenes “corrieron” y el chofer de colectivos “se retobó y como un policía no le pudo agarrar, le empezaron a cagar a palos entre tres, le lastimaron todo”, denunció la esposa de Rodríguez en conversación con LVM.

A las 4 de la madrugada, la joven fue notificada de que habían detenido a su esposo y concurrió a la Comisaría Segunda de Dos de Mayo, dependiente de la Unidad Regional VIII, donde quedó alojado temporalmente el chofer.

“Fui y le pregunté qué le pasaba y como estaba bastante inconsciente, lo único que me dijo fue que eran unos prevalecidos y que yo me cuide. Estaba muy mal ahí adentro”, detalló la mujer.

Después de poder constatar el estado en el que se encontraba su esposo, Agustina Melnik se retiró de la dependencia policial y, al regresar a su hogar y para no poner en riesgo su embarazo, le pidió a su hermano que visitara a Cristian para llevarle ropa limpia “porque su remera estaba llena de sangre“.

Cuando el familiar de la mujer se presentó en la comisaría, un oficial le dijo “él no tiene derecho de recibir ropa, ni frazada, ni nada. Va a ser trasladado así'”, expuso Melnik y precisó que su pareja fue trasladado a una comisaría de la localidad de San Vicente porque “acá supuestamente no tenían lugar para alojarlo”.

Por la situación, la familia de Cristian Alejandro Rodríguez interpuso un abogado, quien fue la única persona que lo pudo ver luego de que fue trasladado a otra localidad.

“El jueves fui a San Vicente y pedí hablar con él y el policía me miró y me preguntó ‘usted está embarazada’, cuando le dije que sí, me dijo ‘usted no puede venir en ese estado a verle’, y no me dejaron entrar a verlo, porque estaba incomunicado y no podía hablar con nadie”, añadió la mujer sobre el hecho.

Por último, Agustina enfatizó: “Yo no entiendo. Es la primera vez que pasa esto, que él cae preso. Por la paliza que le dieron supongo que no nos dejan verle, pero pasan los días y tiene que volver al trabajo, sino lo van a echar y yo así no puedo trabajar”.

Cristian Alejandro Rodríguez cuando fue trasladado a la dependencia policial.

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Patricia Méndez, una terapeuta posadeña, expuso que le entregaron una bebé recién nacida sin estar inscripta en el programa de acogimiento familiar y aceptó cuidarla de manera temporal hasta que la Justicia ubique a la menor en un hogar. Ahora, a casi un año del hecho, la mujer acusa a organismos del Estado de abandono y busca quedarse con la guarda definitiva de la niña.

“Me contacta una mamá de la catequesis, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, y me cuenta sobre el caso de una bebé que estaba internada, que le estaban por dar el alta, en una situación de mucha vulnerabilidad, con una historia clínica complicada, prematura, con bajo peso, desnutrida y que la querían mandar a un buen lugar”, relató Patricia Méndez a La Voz de Misiones sobre cómo conoció la historia de la menor que acoge en su hogar desde enero.

La terapeuta posadeña afirmó que la trabajadora del ministerio le consultó en ese entonces si podría recibir a la bebé en su vivienda en forma temporal hasta que sea ubicada por la Justicia misionera en un hogar, a lo que ella accedió junto a su familia “creyendo que estábamos haciendo un bien”, pero no sin antes ponerla al tanto de que no estaba inscripta en “ningún programa de acogimiento, ni de familia sustituta”.

Consultada por LVM si en algún momento tuvo intenciones de anotarse en el Sistema de Acogimiento Familiar Alternativo, dependiente de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Patricia respondió: “Ella (por la trabajadora) me escribe porque nosotras habíamos conversado sobre el tema y me cuenta que estos programas existían y yo le dije que era un lindo servicio, pero que yo no podía embarcarme en un servicio de esa índole porque justamente tengo otros tres hijos y sobre todo por el proceso de desvinculación”.

Irregularidades

La primera irregularidad que la mujer notó fue el procedimiento que realizaron los organismos competentes para que la bebé recién nacida quede a su cuidado, según denunció antes las cámaras de LVM y por medio de sus redes sociales.

“Yo desconocía absolutamente cómo se manejaban. Tuve una entrevista con una trabajadora social, que me hizo unas  preguntas y en ese contexto me dice que iban a ser cuatro o cinco meses. De hecho, también me dice que nunca pueden ser más de seis meses. Aparte era un caso que supuestamente lo tenían medio resuelto y sabían que la nena iba a ir a adopción”, sostuvo Méndez.

Y resaltó: “Después me notifican que la puedo ir a buscar al Neonatal y que me iba a acompañar un defensor. Fui a buscar a la criatura y el defensor nunca apareció, el hospital había recibido un oficio de la Justicia donde me autorizaban a retirar a la menor, pero en ese papel no constaba en calidad de qué a mí me autorizaban a llevármela y no me dieron nada más”.

En esa situación, la mujer no dudó en cuidar a la bebé y confiar en los procesos judiciales hasta que fueron pasando los meses y tenía que organizar viajes de trabajo, por lo cual no podía trasladarse con la menor porque no contaba con ningún documento que acredite la identidad, ni su responsabilidad sobre ella.

“Pasó el tiempo y en mayo yo tenía que hacer viajes por trabajo. Hasta ese momento no hubo ningún movimiento de parte de ningún organismo, nadie me llamó, nadie fue a mi casa a preguntarme cómo estaba la bebé”, precisó Méndez.

Seguidamente, comentó que acudió al Juzgado de Familia Dos de Posadas para solicitar un permiso que le permita trasladarse por la provincia con la menor sin inconvenientes.

“Ellos me ayudan a obtenerlo. Siempre firmado por el juez. Y a partir de esa célula empieza a constar la frase ‘en compañía de familia de acogimiento fulanos de tal’, que es una especie de fraude y es justamente lo que también denuncio porque yo no estoy en ningún programa oficial, de hecho la misma Defensoría pública un comunicado donde sostiene que no tenían nada que ver conmigo ni yo con ellos”, alegó Méndez.

En esa línea, añadió: “Otra cosa que yo denuncio como irregularidad del sistema es que esta criatura estuvo indocumentada hasta fines de octubre y que yo obtengo el DNI y la partida de nacimiento, justamente por insistir con gente que conocía y me ayudó. No es que ellos se acercaron y me dijeron ‘vamos a hacerle el documento'”.

La lucha por la guarda

Trascurrido seis meses, la terapeuta comenzó a preocuparse por las cuestiones legales y el vínculo que habían creado junto a su familia con la pequeña, que ya comenzaba a decir sus primeras palabras.

“Pasaron cinco, seis meses, y me empiezo a preocupar porque pienso, tengo tres hijos chiquititos, ya era una situación delicada donde se estaban encariñando con la hermanita, una bebé de seis meses que empieza por su mismo neurodesarrollo a interactuar, que empieza a reconocer rostros, a vincularse afectivamente, además, todo el tiempo tomó la teta”, contó Méndez.

Con un vínculo fortalecido y ante la ausencia estatal, siempre de acuerdo a la denuncia de la entrevistada, la familia se planteó la posibilidad de inscribirse en el sistema para conseguir la guarda definitiva de la bebé, para lo cual acuden a una abogada.

“En mi cumpleaños, planteo en la mesa familia ‘si nosotros no estamos en ningún sistema y el sistema sigue durmiendo y no pasa nada para noviembre, que ella cumplía un año, yo me voy a asesorar, investigar cuál será la forma de pedir la guarda’, y empezó a tener peso en la familia la posibilidad de adoptarla“, recordó la mujer en diálogo con LVM.

Al momento que la familia interpuso una letrada para gestionar la inscripción “para cuidar a una beba que el sistema abandonó”, acusó Patricia, recibieron la visita de la psicóloga del Poder Judicial en su hogar.

“El 8 de noviembre recibo la visita, por primera vez en todo ese tiempo, de la psicóloga que viene a constatar cómo vivía la criatura y en ese momento nos dice extraoficialmente que ya había una familia preseleccionada para llevársela y que el juez pretendía que desde la primera audiencia hasta la feria podamos hacer la vinculación”, relató Méndez a este medio.

La profesional judicial, de acuerdo a lo expuesto por la denunciante, le explicó que el magistrado que llevaba adelante el proceso “pretendía” se realizara una co-crianza con la familia aspirante a la adopción que reside en el interior de la provincia.

“Cómo efectivizar una co-crianza que de hecho sea de paso no se está cumpliendo porque ella ya se está vinculando con sus pretensos adoptantes y no se cumple, la sacan, la llevan a una sala aparte, nosotros escuchamos como llora, como toce”, denunció la posadeña.

Ante esta situación, Patricia Méndez y su familia acudió a los medios y a las redes sociales para pedir a la Justicia que priorice los derechos de los niños y que le otorguen la guarda o les permitan hacer los trámites pertinentes para adoptar a la bebé que ya “es una hija más”, cerró.

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Momentos de tensión se vivieron esta mañana en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, durante un cruce con empujones incluidos entre motociclistas que hacían fila para cruzar a Encarnación y uniformados de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) apostados en el centro de frontera.

Según señalaron lectores de La Voz de Misiones, todo ocurrió minutos después de las 11 de hoy. La versión brindada a este medio señala que el conflicto comenzó cuando un grupo de motociclistas solicitó que se abra una nueva casilla para agilizar el paso, mientras que otros consignan que algunos de los presentes intentaron adelantarse a la fila, lo que finalmente motivó la intervención de los agentes federales.

Lo cierto es que en esas circunstancias se produjeron forcejeos y empujones entre los ciudadanos que hacían fila y los gendarmes. En las imágenes se observa, además, el momento exacto en que un uniformado desplaza a una señora tomándola del cuello.

@lavozdemisiones

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