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Hay una lección elemental que se aprende temprano cuando se camina por determinados terrenos, se pisa el barro de la realidad y se mira de frente cómo opera el poder en los márgenes: cuando un funcionario queda acorralado por el peso de sus propios actos, nunca busca la verdad. Busca una trinchera retórica, ensaya una coartada infantil y apela a la victimización para intentar tapar con palabras vacías lo que la tinta de los hechos dejó al desnudo.
El flamante ministro de Acción Cooperativa de la provincia, Matías Vilchez, decidió romper el silencio tras la publicación de hace dos domingos (Caja Dulce), realizada por el arriba firmante, sobre el descalabro financiero de su gestión como alcalde de San Javier.
En un diálogo con el colega Darío Guimaraez —del portal Misiones Online—, el ministro en apuros ensayó una defensa que osciló entre el cinismo técnico, la manipulación desembozada y una ignorancia supina de las normas que rigen la administración pública. Con tono displicente, comenzó diciendo que “no le damos relevancia porque es un proceso administrativo común” y pretendió explicarle a la ciudadanía que sus desvelos no son más que “errores administrativos”. Llegó a sostener, sin que se le mueva un músculo del rostro, que si presentás un papel un día después o te falta un sello o una firma, “tenés un reparo, son reparos sustanciales”. Y para coronar el dislate, insistió: “Son informes preliminares, chicos”, atribuyendo la denuncia a una supuesta factura política por haber elegido “acompañar al gobernador”.
Habría que explicarle al médico devenido en ministro que en el derecho público y en la técnica de control gubernamental las palabras tienen un significado preciso. Confundir deliberadamente una falta formal con un reparo sustancial no es una simplificación didáctica para la tribuna; es una burda estafa dialéctica. Un reparo formal es, en efecto, la omisión de un sello, un defecto de foliación o un retraso temporal.
Un reparo sustancial es otra cosa muy distinta: es la presunción fundada de un daño directo al erario público, es la salida de dinero sin factura, es el pago a proveedores fantasmas, es el cheque cobrado por ventanilla sin poder habilitante y es la imposibilidad material de verificar en qué demonios se gastó la plata de la comunidad. Por eso mismo, los reparos sustanciales no se resuelven con disculpas de ocasión: culminan en la que obligan a los funcionarios a devolver los fondos de sus propios bolsillos.
Hay una lección elemental que se aprende temprano cuando se camina por determinados terrenos, se pisa el barro de la realidad y se mira de frente cómo opera el poder en los márgenes: cuando un funcionario queda acorralado por el peso de sus propios actos, nunca busca la verdad. Busca una trinchera retórica, ensaya una coartada infantil y apela a la victimización para intentar tapar con palabras vacías lo que la tinta de los hechos dejó al desnudo.
El flamante ministro de Acción Cooperativa de la provincia, Matías Vilchez, decidió romper el silencio tras la publicación de hace dos domingos (Caja Dulce), realizada por el arriba firmante, sobre el descalabro financiero de su gestión como alcalde de San Javier.
En un diálogo con el colega Darío Guimaraez —del portal Misiones Online—, el ministro en apuros ensayó una defensa que osciló entre el cinismo técnico, la manipulación desembozada y una ignorancia supina de las normas que rigen la administración pública. Con tono displicente, comenzó diciendo que “no le damos relevancia porque es un proceso administrativo común” y pretendió explicarle a la ciudadanía que sus desvelos no son más que “errores administrativos”. Llegó a sostener, sin que se le mueva un músculo del rostro, que si presentás un papel un día después o te falta un sello o una firma, “tenés un reparo, son reparos sustanciales”. Y para coronar el dislate, insistió: “Son informes preliminares, chicos”, atribuyendo la denuncia a una supuesta factura política por haber elegido “acompañar al gobernador”.
Habría que explicarle al médico devenido en ministro que en el derecho público y en la técnica de control gubernamental las palabras tienen un significado preciso. Confundir deliberadamente una falta formal con un reparo sustancial no es una simplificación didáctica para la tribuna; es una burda estafa dialéctica. Un reparo formal es, en efecto, la omisión de un sello, un defecto de foliación o un retraso temporal.
Un reparo sustancial es otra cosa muy distinta: es la presunción fundada de un daño directo al erario público, es la salida de dinero sin factura, es el pago a proveedores fantasmas, es el cheque cobrado por ventanilla sin poder habilitante y es la imposibilidad material de verificar en qué demonios se gastó la plata de la comunidad. Por eso mismo, los reparos sustanciales no se resuelven con disculpas de ocasión: culminan en la que obligan a los funcionarios a devolver los fondos de sus propios bolsillos.
Decir que lo revelado son “informes preliminares” roza el absurdo institucional. Los informes preliminares son las actas de verificación in situ o los traslados de las fiscalías. Esas etapas precluyeron hace tiempo. Lo que pesa sobre las espaldas de Vilchez, de su secretaria tesorera Luisina Ayala y de su contador Alejandro Villafañe son sentencias definitivas dictadas en Acuerdos Plenarios por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, el órgano que la Constitución provincial instituyó para juzgar la inversión de las rentas públicas.
Son tres fallos condenatorios consecutivos. La Sentencia N° 388/2023, de fecha 30 de mayo de 2023, no es un borrador: en su Artículo 1° resolvió formalmente “DESAPROBAR la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de San Javier correspondiente al Ejercicio 2021” y le formuló cargos solidarios por 7.824.939,45 pesos. La Sentencia N° 907/2023, del 21 de noviembre de 2023, tampoco fue preliminar: en su Artículo 1° resolvió “DESAPROBAR la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2022” y le aplicó un cargo solidario actualizado de 33.383.301,06 pesos. Y la Sentencia N° 895/2024, dictada el 21 de noviembre de 2024 sobre el Ejercicio 2023, clausuró la trilogía con otra desaprobación total y más de 26,8 millones en cargos solidarios. Casi 70 millones de pesos que los tres responsables le deben a la comunidad de San Javier a valores actualizados a la fecha de cada resolución.
El ministro argumenta que el Tribunal otorga prórrogas “para que conteste esos reparos sustanciales y pueda ir disminuyendo el costo”. Lo que omite contarle a la sociedad es que en los expedientes oficiales consta exactamente lo contrario. Durante todo el proceso de juzgamiento del Ejercicio 2022, la frase que martilla los considerandos del fallo como una sentencia inapelable es: “Los responsables no presentan descargo”. La propia vocal preopinante, Silvia Machado de Comparín, fundamentó la condena señalando de manera textual que correspondía mantener los cargos patrimoniales “ante la falta de presentación de descargo”. Lo mismo se reiteró en los tramos sustanciales de 2023. Tuvieron plazos ordinarios de veinte días hábiles, prórrogas e intimaciones bajo apercibimiento de ley. Eligieron el silencio y la contumacia. Pretender ahora que están “en proceso de aclarar todo”, revela un desprecio alarmante por los procedimientos del Estado.
Porque lo que el Tribunal de Cuentas documentó en San Javier no son deslices formales. Son irregularidades de una gravedad inusitada. Son millones de pesos pagados a firmas como Misiosof Soluciones, Marcos Noremberg o Agustina Caballero sin factura, sin contrato y sin certificación de obras. Son cheques cobrados por terceros sin poder ni mandato legal alguno, justificados por los funcionarios con la insólita excusa de que se entregaban “en el mostrador del comercio”. Son fondos del Consenso Fiscal licuados en cuentas ordinarias sin afectación específica. Y es una cuenta de Caja que en 2023 cerró con saldo acreedor; una anomalía contable que delata erogaciones en efectivo muy por encima de los ingresos declarados.
Decir que lo revelado son “informes preliminares” roza el absurdo institucional. Los informes preliminares son las actas de verificación in situ o los traslados de las fiscalías. Esas etapas precluyeron hace tiempo. Lo que pesa sobre las espaldas de Vilchez, de su secretaria tesorera Luisina Ayala y de su contador Alejandro Villafañe son sentencias definitivas dictadas en Acuerdos Plenarios por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones, el órgano que la Constitución provincial instituyó para juzgar la inversión de las rentas públicas.
Son tres fallos condenatorios consecutivos. La Sentencia N° 388/2023, de fecha 30 de mayo de 2023, no es un borrador: en su Artículo 1° resolvió formalmente “DESAPROBAR la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de San Javier correspondiente al Ejercicio 2021” y le formuló cargos solidarios por 7.824.939,45 pesos. La Sentencia N° 907/2023, del 21 de noviembre de 2023, tampoco fue preliminar: en su Artículo 1° resolvió “DESAPROBAR la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2022” y le aplicó un cargo solidario actualizado de 33.383.301,06 pesos. Y la Sentencia N° 895/2024, dictada el 21 de noviembre de 2024 sobre el Ejercicio 2023, clausuró la trilogía con otra desaprobación total y más de 26,8 millones en cargos solidarios. Casi 70 millones de pesos que los tres responsables le deben a la comunidad de San Javier a valores actualizados a la fecha de cada resolución.
El ministro argumenta que el Tribunal otorga prórrogas “para que conteste esos reparos sustanciales y pueda ir disminuyendo el costo”. Lo que omite contarle a la sociedad es que en los expedientes oficiales consta exactamente lo contrario. Durante todo el proceso de juzgamiento del Ejercicio 2022, la frase que martilla los considerandos del fallo como una sentencia inapelable es: “Los responsables no presentan descargo”. La propia vocal preopinante, Silvia Machado de Comparín, fundamentó la condena señalando de manera textual que correspondía mantener los cargos patrimoniales “ante la falta de presentación de descargo”. Lo mismo se reiteró en los tramos sustanciales de 2023. Tuvieron plazos ordinarios de veinte días hábiles, prórrogas e intimaciones bajo apercibimiento de ley. Eligieron el silencio y la contumacia. Pretender ahora que están “en proceso de aclarar todo”, revela un desprecio alarmante por los procedimientos del Estado.
Porque lo que el Tribunal de Cuentas documentó en San Javier no son deslices formales. Son irregularidades de una gravedad inusitada. Son millones de pesos pagados a firmas como Misiosof Soluciones, Marcos Noremberg o Agustina Caballero sin factura, sin contrato y sin certificación de obras. Son cheques cobrados por terceros sin poder ni mandato legal alguno, justificados por los funcionarios con la insólita excusa de que se entregaban “en el mostrador del comercio”. Son fondos del Consenso Fiscal licuados en cuentas ordinarias sin afectación específica. Y es una cuenta de Caja que en 2023 cerró con saldo acreedor; una anomalía contable que delata erogaciones en efectivo muy por encima de los ingresos declarados.
Peor aún: en la Sentencia 388/2023 consta que el municipio le retuvo judicialmente sumas de dinero de sus haberes al empleado municipal Mario Javier Cybek, pero esos fondos jamás fueron depositados en la cuenta del juzgado interviniente. El propio Tribunal de Cuentas dejó asentado por escrito que semejante retención indebida acarreaba directas “implicancias penales”. ¿Apropiarse del dinero embargado a un trabajador es un simple “error de un sello”?
En su desesperación por desviar la atención, Vilchez llegó a cometer un furcio temporal que roza la fábula: aseguró suelto de cuerpo que “el 2024 y 2025 del ejercicio de San Javier está aprobado al 100%”. Hay que tener un desapego absoluto por la realidad para afirmar semejante disparate técnico. Ni siquiera los órganos de control del primer mundo tienen la facultad de aprobar ejercicios contables que aún no han sido rendidos, auditados ni juzgados por los tribunales competentes.
La excusa de la persecución política por haber decidido “acompañar al gobernador” y desafiar al “poder de turno” tampoco resiste el menor análisis institucional. El Tribunal de Cuentas no es una facción opositora; es el órgano técnico que audita a los 77 municipios misioneros, donde más del 80 por ciento de las administraciones aprueba sus cuentas año tras año. Ya lo dije hace dos domingos y lo sostengo: Vilchez eligió integrar el lote más opaco del mapa provincial por su probada incapacidad para justificar el destino de los fondos públicos. No cayó por una venganza política.
Resulta además profundamente revelador el doble estándar con el que se manejó el hoy ministro estrella de la escudería del jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori. Mientras dejaba que a San Javier le desaprobaran tres ejercicios enteros sin presentar un solo descargo, sí se movió con premura para salvar su propio bolsillo en el expediente del IFAI. Por un subsidio personal de 1,4 millones de pesos que tramitó bajo la Disposición 936/2019 para plantar caña de azúcar, la fiscalía había dictaminado su desaprobación total por falta de comprobantes. Sin embargo, a través de una providencial “medida de mejor proveer” dictada a último momento, aportó facturas y logró la Sentencia 996/2024 para no pagar de su peculio. Para su patrimonio personal hubo papeles; para los casi 70 millones de pesos del pueblo de San Javier, solo hubo silencio y desidia.
Hasta acá, el saldo de las sentencias a las que tuve acceso: datos fríos, duros y expuestos sobre la mesa. Elementos de sobra para que cualquier juez o fiscal de turno mueva el expediente de oficio, o para que algún diputado con sangre en las venas y un mínimo de pudor siga el camino judicial y exija interpelaciones en tiempo y forma.
Peor aún: en la Sentencia 388/2023 consta que el municipio le retuvo judicialmente sumas de dinero de sus haberes al empleado municipal Mario Javier Cybek, pero esos fondos jamás fueron depositados en la cuenta del juzgado interviniente. El propio Tribunal de Cuentas dejó asentado por escrito que semejante retención indebida acarreaba directas “implicancias penales”. ¿Apropiarse del dinero embargado a un trabajador es un simple “error de un sello”?
En su desesperación por desviar la atención, Vilchez llegó a cometer un furcio temporal que roza la fábula: aseguró suelto de cuerpo que “el 2024 y 2025 del ejercicio de San Javier está aprobado al 100%”. Hay que tener un desapego absoluto por la realidad para afirmar semejante disparate técnico. Ni siquiera los órganos de control del primer mundo tienen la facultad de aprobar ejercicios contables que aún no han sido rendidos, auditados ni juzgados por los tribunales competentes.
La excusa de la persecución política por haber decidido “acompañar al gobernador” y desafiar al “poder de turno” tampoco resiste el menor análisis institucional. El Tribunal de Cuentas no es una facción opositora; es el órgano técnico que audita a los 77 municipios misioneros, donde más del 80 por ciento de las administraciones aprueba sus cuentas año tras año. Ya lo dije hace dos domingos y lo sostengo: Vilchez eligió integrar el lote más opaco del mapa provincial por su probada incapacidad para justificar el destino de los fondos públicos. No cayó por una venganza política.
Resulta además profundamente revelador el doble estándar con el que se manejó el hoy ministro estrella de la escudería del jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori. Mientras dejaba que a San Javier le desaprobaran tres ejercicios enteros sin presentar un solo descargo, sí se movió con premura para salvar su propio bolsillo en el expediente del IFAI. Por un subsidio personal de 1,4 millones de pesos que tramitó bajo la Disposición 936/2019 para plantar caña de azúcar, la fiscalía había dictaminado su desaprobación total por falta de comprobantes. Sin embargo, a través de una providencial “medida de mejor proveer” dictada a último momento, aportó facturas y logró la Sentencia 996/2024 para no pagar de su peculio. Para su patrimonio personal hubo papeles; para los casi 70 millones de pesos del pueblo de San Javier, solo hubo silencio y desidia.
Hasta acá, el saldo de las sentencias a las que tuve acceso: datos fríos, duros y expuestos sobre la mesa. Elementos de sobra para que cualquier juez o fiscal de turno mueva el expediente de oficio, o para que algún diputado con sangre en las venas y un mínimo de pudor siga el camino judicial y exija interpelaciones en tiempo y forma.
Ahora elijo meterme en el barro político, ese terreno donde el vivillo del ministro cree que puede empantanar la verdad con una declaración al paso. Mire, señor ministro, no me venga a decir ahora que usted es un perseguido político porque me meo de risa. Honestamente no me importa si acompaña a Passalacqua o a quién sea. Y, con todo respeto, no creo que usted sea esa clase de hombres que se animen a desafiar a cualquier poder real.
Por otra parte, señor ministro, si lo que usted quiere decir es que Carlos Rovira me pagó para castigarlo a usted por estar en las filas del Movimiento, dígalo en voz alta para que lo pueda escuchar. Después vaya a la Justicia y pruébelo. Diga Carlos Rovira, no tenga miedo, si hasta hace unos meses usted fue uno de los primeros asistentes a sus “Previas’. Además, señor ministro, le recuerdo que usted es parte del poder desde 2019. Así que no me meta en sus “internillas”, que lo único que buscan es confundir a la sociedad para sostenerse en el cargo por una nueva temporada.
El periodismo no está para convalidar a políticos de ocasión ni para dejarse engatusar por las explicaciones de sobremesa que se tejen en los despachos oficiales. Su función elemental, la única que justifica este oficio ingrato, es la de ser un testigo incómodo: documentar la historia, poner el cuerpo y contrastar el relato con la densidad inapelable de los documentos. Un hábito que cultivo desde hace treinta años.
Hoy, Vilchez administra una cartera ministerial estratégica con más de 2.600 millones de pesos de presupuesto, encargada de auditar cooperativas y repartir subsidios en toda la provincia. Podrá seguir descalificando y prometiendo aclaraciones que nunca llegan. Pero en el territorio de los hechos desnudos, las tres sentencias del Tribunal de Cuentas constituyen una verdad documentada que ninguna bravuconada mediática puede borrar. Ya lo dije hace dos domingos, la realidad no prescribe con una simple licencia para asumir como ministro, y tarde o temprano, las firmas estampadas al pie de cada desfalco deberán rendir cuentas en el único lugar donde las excusas ya no alcanzan: ante los estrados de la Justicia penal.
Ahora elijo meterme en el barro político, ese terreno donde el vivillo del ministro cree que puede empantanar la verdad con una declaración al paso. Mire, señor ministro, no me venga a decir ahora que usted es un perseguido político porque me meo de risa. Honestamente no me importa si acompaña a Passalacqua o a quién sea. Y, con todo respeto, no creo que usted sea esa clase de hombres que se animen a desafiar a cualquier poder real.
Por otra parte, señor ministro, si lo que usted quiere decir es que Carlos Rovira me pagó para castigarlo a usted por estar en las filas del Movimiento, dígalo en voz alta para que lo pueda escuchar. Después vaya a la Justicia y pruébelo. Diga Carlos Rovira, no tenga miedo, si hasta hace unos meses usted fue uno de los primeros asistentes a sus “Previas’. Además, señor ministro, le recuerdo que usted es parte del poder desde 2019. Así que no me meta en sus “internillas”, que lo único que buscan es confundir a la sociedad para sostenerse en el cargo por una nueva temporada.
El periodismo no está para convalidar a políticos de ocasión ni para dejarse engatusar por las explicaciones de sobremesa que se tejen en los despachos oficiales. Su función elemental, la única que justifica este oficio ingrato, es la de ser un testigo incómodo: documentar la historia, poner el cuerpo y contrastar el relato con la densidad inapelable de los documentos. Un hábito que cultivo desde hace treinta años.
Hoy, Vilchez administra una cartera ministerial estratégica con más de 2.600 millones de pesos de presupuesto, encargada de auditar cooperativas y repartir subsidios en toda la provincia. Podrá seguir descalificando y prometiendo aclaraciones que nunca llegan. Pero en el territorio de los hechos desnudos, las tres sentencias del Tribunal de Cuentas constituyen una verdad documentada que ninguna bravuconada mediática puede borrar. Ya lo dije hace dos domingos, la realidad no prescribe con una simple licencia para asumir como ministro, y tarde o temprano, las firmas estampadas al pie de cada desfalco deberán rendir cuentas en el único lugar donde las excusas ya no alcanzan: ante los estrados de la Justicia penal.