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Conozco el paño del Poder Judicial desde hace años. Fui editor de temas judiciales, conozco la mecánica del circuito de la Justicia misionera y me tocó una temporada recorrer los pasillos de Comodoro Py, pasando por los tribunales de la avenida De los Inmigrantes y las covachuelas del Palacio de la calle Talcahuano. Tal vez ese expertise me hace olfatear de lejos cuando un señor con toga cree que su juzgado tiene la potestad para encajonar o apresurar expedientes —según sea la conveniencia— y apretar a periodistas de las maneras más curiosas.
Qué quieren que les diga, no hay que darle mucha vuelta al asunto: prohibir, tachar y desindexar a golpe de martillo, con multa diaria y sin argumento legítimo, se dice censura. Y quienes conocemos del oficio y peinamos canas entendemos perfectamente de qué se trata. Pero, además, permítanme decir que hay que ser muy torpe en este siglo para ignorar que, en cuanto un juez manda a esconder un papel, media ciudad se pasa la tarde buscándolo.
Ese es el caso del titular del Juzgado de Familia N.º 2, Roberto Andersson Frank, y una ridícula resolución dictada de oficio. En un trámite de velocidad llamativa para los tiempos habituales de los tribunales locales, el magistrado dispuso una “tutela inhibitoria de expresión” contra el portal La Voz de Misiones. Ordenó el bloqueo, la desindexación, la remoción y la despublicación definitiva en un plazo perentorio de veinticuatro horas de una nota periodística y de una entrevista publicada en YouTube, prohibiendo además cualquier “réplica o espejo derivado”.
Para darle peso disciplinador al oficio, fijó una multa conminatoria de cincuenta mil pesos diarios y advirtió con remitir las actuaciones a la justicia penal por presunto delito de desobediencia judicial.
El hombre que firma esa orden asumió como juez en 2019, luego de haberse desempeñado como secretario del Juzgado de Familia Cuatro. Antes fue contratado en el Ministerio de Desarrollo Social en épocas de Maurice Closs. Egresado de una universidad del conurbano bonaerense y con una magistratura en la Universidad Austral, Frank también ejerce como docente universitario y, entre otras cátedras, dictó el Seminario de Violencia en la carrera de Abogacía. Sin embargo, su paso por la magistratura no está exento de cuestionamientos de diferentes tipos de parte de los profesionales que litigan en su coto.
A principios de este año, fue señalado por una abogada del foro local por presunto “mal desempeño” en el marco de una extensa causa por alimentos contra un exfuncionario renovador y actual empresario. Apenas un caso de más de media docena de quejas dignas de poner bajo la lupa, algunas de ellas llegaron a oídos de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti.
Pero detrás de este despliegue punitivo no hay una disputa trivial, sino el drama concreto de Perla Itatí Sisi, una madre de treinta y cinco años que, tras denunciar en abril de 2024 al padre de su hija por presuntos delitos contra la integridad sexual —expediente que sigue abierto en el Juzgado de Instrucción N.º 6 de Posadas—, rehízo su vida laboral en Buenos Aires junto a sus dos hijos.
Pese a que la niña de ocho años manifestó en audiencia sentirse “más libre” lejos del conflicto y salió custodiada y entre llantos tras un fallido intento de revinculación, Andersson Frank resolvió en octubre que, terminado el ciclo lectivo, la menor debe ser restituida de manera “inmediata, obligatoria y definitiva” a la capital misionera, bajo apercibimiento de emplear la fuerza pública. Cuando la madre contó su desesperación en una entrevista en la que se preservó el nombre completo de la niña, el juzgado no revisó el impacto humano de su fallo: intentó apagar la noticia.
La jugada no es original; repite viejos reflejos autoritarios que la democracia argentina ya derrotó en los tribunales. En los años noventa, cuando Horacio Verbitsky publicó Robo para la corona, funcionarios y allegados al poder intentaron impedir su circulación antes de que llegara a las librerías, buscando secuestrar ejemplares por vía judicial. Poco después, el entonces presidente Carlos Menem embistió contra la revista Noticias por la publicación de notas y fotografías sobre un hijo extramatrimonial, invocando exactamente el mismo escudo que hoy levanta el juzgado posadeño: la intimidad familiar y la protección de un menor.
Aquel último intento terminó con una condena internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, dejando sentado que la invocación genérica de la intimidad o de un menor no puede funcionar jamás como mordaza para blindar actos o conductas de interés público.
Esa misma trampa procesal es la que desnudó con precisión quirúrgica el abogado de LVM, Sebastián Miguel Noguera, en el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado ante el propio tribunal. El magistrado invoca el interés superior del niño y la reserva de los procesos de familia para decretar que, frente a ellos, “la libertad de expresión cede y debe prevalecer en forma absoluta” la tutela inhibitoria.
Ningún periodista serio discute el deber ético y legal de preservar la identidad de niños y adolescentes. De hecho, la crónica omitió el nombre de la niña. Pero el juez sostiene que una suma de datos contextuales permitiría identificarla de manera indirecta y proyecta, sin pericia ni prueba concreta, una supuesta “marca indeleble” futura para justificar el borrado total de la publicación.
Bajo esa lógica expansiva, bastaría con que un juez de familia considere que el contexto permite inferir quiénes litigan para prohibir a toda la prensa informar sobre cómo funcionan los tribunales, cómo se ordenan restituciones compulsivas o cómo se desprotege a quienes denuncian. La protección de la niñez se convierte así en un biombo opaco detrás del cual los jueces quedan inmunes al escrutinio ciudadano.
La Constitución Nacional, en sus artículos 14 y 32, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, prohíbe de manera terminante la censura previa. La prensa no pide permiso para publicar ni está sujeta a borrados preventivos dictados inaudita parte, sin siquiera escuchar al medio ni individualizar a los supuestos responsables alcanzados por una amenaza penal. Si un juzgado entiende que un dato puntual compromete la reserva, existen medidas proporcionales para resguardarlo sin arrasar con una investigación de evidente interés público.
El periodismo que incomoda siempre molesta en los despachos acostumbrados a resolver en la penumbra. A eso nos dedicamos quienes ejercemos el oficio más ingrato del mundo. La libertad de expresión no existe para aplaudir comunicados oficiales ni para transcribir partes de prensa amables; existe, precisamente, para iluminar aquellas zonas donde una decisión del Estado o de los poderosos de turno puede arrasar con la vida de una persona o vulnerar garantías básicas.
Cuando un magistrado utiliza multas diarias y el Código Penal para intimidar a un medio que expone una decisión controvertida de su propio despacho, el mensaje excede a La Voz de Misiones: es una advertencia dirigida a toda la prensa provincial para imponer el monopolio del silencio. Pero el periodismo de calle sabe que las resoluciones judiciales no alcanzan para tapar la realidad. La noticia ya camina por Posadas, el expediente ya está bajo la lupa pública y no habrá multa capaz de obligarnos a mirar hacia otro lado.