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Los expedientes que circulan a la hora de la siesta suelen tener un trasfondo oculto. Pese a los discursos anticorrupción y la motosierra fiscal, el capitalismo de amigos sigue funcionando con la precisión de un reloj suizo. No hay austeridad cuando los beneficiarios son los mismos de siempre; lo que hay es una continuidad administrativa subterránea, blindada contra cualquier cambio de viento, incluso de timón político.
En el Cantón, donde el relato oficial solía envolverse en discursos de vanguardia tecnológica, acaba de consumarse una “operación silenciosa” que merece una autopsia quirúrgica. Una maniobra administrativa triangular, ejecutada entre gallos y medianoche entre los despachos porteños de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), las oficinas del Ministerio de Hacienda provincial en Posadas y un histórico concesionario privado, le acaba de entregar a título estrictamente gratuito una franja de tierra estratégica de valor inmobiliario y geopolítico incalculable a Zona Franca Puerto Iguazú S.A., la firma insignia del Grupo London Supply, comandado por el inoxidable Eduardo “Teddy” Taratuty.
La historia formal comenzó a cerrarse en las primeras semanas de 2026, pero sus raíces se hunden en el espeso barro de los negocios estatales argentinos. El botín no es menor: doce parcelas costeras en el medio del Centro de Frontera que custodia el viaducto internacional Posadas-Encarnación. Tierras que la EBY ganó a fuerza de expropiaciones y obras de saneamiento millonarias pagadas por el erario público, que de la noche a la mañana pasan a manos de un holding privado durante tres décadas para levantar una mediana tienda comercial libre de tributos —como el de la mayoría de los aeropuertos—, sin que el adjudicatario desembolse un solo centavo de canon por el uso de semejante suelo.
Los invito a seguir el rastro de la tinta en tres instrumentos públicos que muestran la alquimia del asunto. El primer eslabón es la Resolución del Comité Ejecutivo de la EBY Nº 21.500/26, aprobada bajo el Acta Nº 1.369 y fechada el 15 de enero de 2026. Allí, Diego Luis Adúriz —director ejecutivo argentino y hombre del riñón del ministro Luis Caputo— y su par paraguayo Luis Federico Benítez Cuevas firmaron la cesión en comodato a la provincia de Misiones.
El comodato se pactó por un plazo descomunal: treinta años, con prórroga automática por otros diez. Pero aparecen detalles técnicos que despiertan algunos interrogantes, como por ejemplo el que deja otro eslabón que se encuentra en los considerandos para que la EBY haya dejado expresamente sin efecto una resolución previa, la 21.486 de diciembre de 2025, porque las autoridades misioneras habrían exigido retocar el texto para acomodar la cesión a la medida exacta de los acuerdos que habían pactado.
Apenas cuarenta días después, el 24 de febrero de 2026, se suscribió el Convenio de Cesión de Uso de Inmuebles. En una mesa de despacho, el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos provincial, Adolfo Safrán, se sentó frente a Roberto Marcelo Beisso, el apoderado legal de Zona Franca Puerto Iguazú S.A. Allí, en la Cláusula Segunda, quedó estampada la confesión administrativa: la Provincia le traspasó a la empresa de Taratuty las mismas parcelas “en carácter gratuito”. Ni un peso por el valor de la tierra.
Pero hay un cerrojo todavía más astuto en las cláusulas cuarta y quinta: Misiones le extiende a Posadas los mismos derechos y obligaciones del contrato de concesión celebrado en febrero del año 2000 en Puerto Iguazú. Un calco normativo para importar a la capital provincial el mismo régimen que sugiere cierta, digamos, opacidad: un canon que no derrama en las arcas provinciales y que apenas sirve para financiar al propio Comité de Vigilancia que debe controlarlos, mientras los ingresos reales quedan blindados frente a la Agencia Tributaria Misiones.
Hasta aquí todo indica que la Provincia actuó como un mero pasamanos. Recibió los inmuebles en comodato de Yacyretá bajo el pretexto del “interés público” y los depositó de inmediato en el regazo de una sociedad comercial que ya tiene consolidado un lubricado negocio que le deja ganancias millonarias en dólares.
El circuito se blindó burocráticamente semanas después con la Resolución N.º 184 del propio Safrán, ratificada por el gobernador Hugo Passalacqua mediante el Decreto Provincial N.º 390 del 17 de marzo de 2026, y notificada formalmente por la Resolución 24/2026 del Comité de Vigilancia de la Zona Franca, presidido por el inamovible Eduardo Morales Lezica. Todo prolijo en las formas, pero con interrogantes en el fondo.
Cuando se examinan los planos técnicos incorporados en el expediente de la EBY, la maniobra roza la temeridad estructural. Los planos conforme a obra elaborados por las constructoras SACDE, IECSA y JCR demuestran que sobre esa lonja de tierra cedida corren infraestructuras críticas: el conducto de saneamiento del Arroyo Mitre, colectores pluviales de gran escala, redes cloacales y conductos troncales de servicios vinculados a la seguridad fronteriza. Son obras civiles de enorme complejidad que exigieron estudios de preconsolidación de suelo y fundaciones especiales sobre la cuenca aluvional del río.
Los propios abogados de Yacyretá lo sabían tan bien que en la Cláusula Octava del acta se apuraron a lavarse las manos: obligaron a la Provincia a eximir a la entidad de cualquier responsabilidad ante eventuales inundaciones, derrumbes, roturas de caños, ruina o colapsos estructurales. La binacional entrega el bien y transfiere el riesgo a los contribuyentes, mientras el concesionario privado se asegura el monopolio comercial de la superficie.
A la fragilidad física se suma la inconsistencia dominial: en el listado catastral de las doce parcelas anexadas, el inmueble identificado como 04-59-02-209-009-009 no cuenta con título de propiedad perfecto, sino con un precario “avenimiento administrativo” que data de octubre de 1985. Además, la planimetría oficial reconoce afectaciones de trazas viales pertenecientes al municipio de Posadas.
Para justificar la cesión inmobiliaria ante la mirada pública, el expediente invoca el “Plan Cultivando Agua Buena”, un programa de sustentabilidad ambiental y cuidado de la cuenca hídrica. Disfrazar un shopping libre de tributos de iniciativa ecológica, aunque parezca una burla técnica, es un magnífico camuflaje.
¿Cómo se evitó una licitación pública internacional que permitiera al Estado recaudar millones de dólares por una concesión comercial de tal calibre? Mediante un atajo normativo hecho a medida. En lugar de licitar la creación de una nueva zona franca en Posadas, se recurrió al artículo 39 de la Ley 24.331 y a la Resolución 1.449 dictada en septiembre de 2025 por el Ministerio de Economía de la Nación. Bajo la figura de la “expansión territorial”, se estiró como un chicle la concesión que London Supply detenta en Puerto Iguazú desde el año 2000.
Sin competencia, sin puja de precios, sin nuevos oferentes. El viejo contrato en la zona primaria aduanera de la turística ciudad de las Cataratas se duplicó mágicamente en las puertas de Berna, donde gobierna el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto.
En el entorno del alcalde abren los ojos y ponen cara de no saber nada. “Nos enteramos sobre la marcha de los acontecimientos, tampoco nos preguntaron”, dicen. Sin embargo, el arquitecto Rodrigo Ibáñez Schaer, director de Obras Privadas del municipio, dio el visto bueno para el inicio de obra el 23 de septiembre de 2026. El permiso para que se ponga en marcha la construcción (Nº 163/26), que se inició a raíz del expediente Nº 147754/2026 —trámite 9649 para más datos—, indica que la arquitecta Melina Castelao estará a cargo de la obra de “salón comercial” y que el apoderado es Sergio Andrés Dalaco.
La diligencia del municipio es digna de aplausos, más cuando se trata de una obra privada. Casi llamativamente, esta vez, la prontitud del andamiaje de la burocracia estatal corre al mismo ritmo del privado; si no, vayan y dense una vuelta por el lento y caótico centro de frontera para ver la rapidez de la nueva obra de Teddy, cuyo permiso de obra caduca recién en tres años.
Resulta curioso que en el bochinchoso Concejo Deliberante nadie haya preguntado nada. En la Cláusula Sexta del Acta EBY-Misiones se estipuló que la Provincia o el concesionario gestionarían los permisos municipales “de conformidad a las normas de planeamiento urbano aplicables”. Sin embargo, la cesión se consumó de forma directa entre Provincia y concesionaria antes de que el Municipio de Posadas o el Concejo emitieran resolución alguna sobre zonificación, código de edificación costero o impacto ambiental urbano.
Para entender la osadía del movimiento es imperioso entender quién es Eduardo Hugo “Teddy” Taratuty y qué representa London Supply Group en la matriz de los negocios con el Estado argentino. Vengo escribiendo sobre él desde principios del siglo; Teddy leyó antes que muchos que la riqueza no estaba en competir a cielo abierto en el mercado libre, sino en capturar los cuellos de botella de la infraestructura estatal: aeropuertos periféricos, puertos fluviales y regímenes de exención impositiva. Porteño de cuna, hombre de negocios, de buenos modales y culto.
Detrás de él hay una historia interesantísima, la descubrí cuando escribía para PERFIL. Descendiente de inmigrantes ucranianos que escaparon de las penurias económicas, las persecuciones y la inestabilidad de Europa oriental previa a la Primera Guerra Mundial. Su padre, José Taratuty, comenzó a trabajar desde muy joven en los muelles porteños y a los veintinueve años fundó una modesta empresa proveedora marítima de buques de ultramar (ship chandler), abasteciendo a los barcos extranjeros de provisiones frescas, víveres y pertrechos en plena Segunda Guerra Mundial.
Ese fue el embrión de lo que décadas más tarde sería London Supply. José fue inteligente y lo lanzó a Teddy al oficio desde los catorce años. En los ochenta tomó el timón, pero su verdadero salto de escala llegó con la ola de privatizaciones de los dorados noventa.
Bajo su batuta, el grupo se consolidó en la Patagonia austral quedándose con las concesiones de los aeropuertos internacionales de Ushuaia y El Calafate —terminales diseñadas estratégicamente para captar el turismo de alto poder adquisitivo—, además de la aeroestación de Trelew y el salto internacional en Laguna del Sauce, Punta del Este. Cuando el kirchnerismo gobernaba Santa Cruz y más tarde desembarcó en la Casa Rosada, London Supply ya era parte del inventario institucional del sur. A esa red aeroportuaria le sumaron la explotación minorista y mayorista de las Zonas Francas de Río Gallegos y Caleta Olivia, una caja comercial codiciada que sobrevivió a todas las crisis macroeconómicas.
Supe de la existencia de Teddy Taratuty a comienzos del nuevo milenio, cuando extendió su mapa hacia el extremo noreste del país. En el paso fronterizo de Puerto Iguazú levantó el Duty Free Shop, una mole temática de arquitectura deslumbrante que se convirtió en el templo del consumo libre de impuestos para millones de turistas de la región.
El negocio fue redondo desde el origen: miles de millones en facturación que dejaron al municipio mirando desde afuera. Al inicio la obra se iba a realizar en la zona de las 2000 hectáreas, lo que le hubiese dado a todo el tejido urbano de Iguazú mayores beneficios, pero el costo de la infraestructura se elevaba. Taratuty cambió los planes de un día para el otro y se hizo donde quiso: en las puertas de la ciudad, zona primaria aduanera, lo que significaba mayores exenciones impositivas y un aluvión de potenciales clientes en uno de los pasos internacionales más transitados del país.
Luego, cuando la intendencia local intentó cobrarle la tasa de comercio e higiene —llegando incluso a clausurar el ingreso en junio de 2004—, el holding se atrincheró en los fueros de la ley federal y las medidas cautelares para no tributar un centavo. Cubrí el desembarco de la London desde sus inicios para El Territorio y luego para Misiones Online. Así fue, y Teddy volvía a ganar.
En el Cantón, Taratuty tejió una relación inalterable con la conducción del Frente Renovador de la Concordia. Mientras los gobernadores pasaban y los discursos se renovaban, London Supply se erigió en un actor intocable de la provincia. La Fundación London Supply funcionó como el brazo legitimador sobre el territorio: donó escuelas de vanguardia, jardines y centros de salud en los barrios más postergados de Iguazú. Filantropía de alto impacto visual que aceitó el consenso social y neutralizó cualquier escrutinio legislativo sobre las asimetrías fiscales del negocio de frontera.
Taratuty cultiva el manual clásico del empresario de concesiones: perfil bajo, aversión a las apariciones públicas estridentes y un pragmatismo quirúrgico que le permite ser interlocutor válido tanto de administraciones peronistas como de gobiernos radicales, de Cambiemos o de la actual ola libertaria. Su habilidad reside en volverse indispensable para la administración de turno, gestionando infraestructuras complejas donde el Estado no llega o no quiere llegar.
Sin embargo, ese blindaje de sombras se agrietó en 2012, cuando el nombre de London Supply quedó estampado en el expediente más escandaloso de la era kirchnerista: el caso Ciccone Calcográfica. Durante la instrucción penal que investigaba la maniobra para que allegados al entonces vicepresidente Amado Boudou se quedaran con la imprenta de billetes, los investigadores judiciales rastrearon la ruta del dinero que financió el levantamiento de la quiebra de la compañía. En los registros bancarios saltó un movimiento indisimulable: una sociedad controlada por London Supply había transferido 1,8 millones de pesos a la cuenta de The Old Fund, el vehículo instrumental que comandaba Alejandro Vandenbroele, en el Banco Macro.
Citado a indagatoria ante los tribunales federales de Comodoro Py, Teddy Taratuty tuvo que sentarse frente al juez Ariel Lijo para explicar el origen de esos fondos. Su defensa fue una pieza de equilibrismo comercial: alegó que se había tratado de un préstamo financiero y de un “favor personal” a pedido de Vandenbroele, a quien admitió conocer desde hacía años, asegurando bajo juramento que desconocía por completo que detrás de la operación se escondía la maniobra para apoderarse de la imprenta calcográfica del Estado.
Si bien el juicio oral terminó con condenas firmes por cohecho contra Boudou y el propio Vandenbroele, la justicia no encontró elementos para condenar a Taratuty por cohecho directo, dejándolo en los márgenes procesales del expediente. No me lo contaron, fui uno de los encargados de cubrir el caso para la editorial de Jorge Fontevecchia. El episodio dejó una cicatriz imborrable: demostró que, en la cúspide de las finanzas y el poder político, las fronteras entre un auxilio comercial, la intermediación de influencias y el engranaje estatal suelen ser peligrosamente porosas.
Hoy hay muchas preguntas inconclusas en torno a la nueva tienda de Teddy, que seguramente se las llevará la fatiga política del año y la proximidad de las fiestas de fin de año. En una cesión sin contraprestación patrimonial de tierras públicas para un negocio comercial privado sin licitación, ¿habrá un perjuicio a la administración pública? No lo sé, es materia que compete al derecho. ¿Hay una posible competencia desleal subsidiada por el propio Estado? Tampoco lo sé, eso también es materia de legos del fuero civil. ¿Hay argumentos para interponer un amparo con medida cautelar de no innovar, volteando la resolución ministerial y el decreto provincial por manifiesta arbitrariedad administrativa? Tampoco lo sé.
Los expedientes están a la vista de quien tenga el estómago de leerlos. Tal vez el Duty Free de Berna esté enmarcado en un proyecto de desarrollo regional y hasta en una conquista ecológica —si quieren, hasta en tono épico—, pero lo que parece ser hasta acá es la consumación de una matriz donde el Estado pone la tierra, asume el riesgo y renuncia a cobrar tributos, mientras los mismos señores de siempre levantan las cajas registradoras en las puertas de los aeropuertos y pasos fronterizos. Al final del camino, lo único que cambia son los sellos de goma. Los dueños del negocio siguen siendo los mismos.