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El diputado provincial del bloque Algo Nuevo por los Trabajadores, Ramón Amarilla, denunció en la Justicia Penal de Misiones las presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCM) en la gestión del ex intendente de San Javier y actual ministro de Cooperativas, Matías Vilchez.
El ex policía se hizo eco de las columnas del periodista Fernando Oz en La Voz de Misiones y canalizó este martes en el Ministerio Público Fiscal una presentación en la que requirió una “investigación minuciosa” de las rendiciones contables de 2021, 2022 y 2023, de la administración de Vilchez en San Javier, que fueron objetadas por el organismo contralor provincial.
Amarilla pidió a la Fiscalía que requiera al Tribunal de Cuentas “copia certificada íntegra de los expedientes de los Juicios de Responsabilidad correspondientes a las rendiciones de cuentas de la Municipalidad de San Javier que dieron origen a las sentencias Nº 388/2023, Nº 907/2023 y Nº 895/2024”, y solicite al municipio los “registros contables” de los períodos objetados, como también los “extractos bancarios de las cuentas municipales correspondientes”.
En el escrito al Ministerio Público, el legislador aclara que “la presente denuncia no pretende convertir automáticamente una desaprobación administrativa en una imputación penal, ya que la existencia de responsabilidad contable, patrimonial o administrativa no determina por si sola la comisión de un delito”.
Sin embargo, en el párrafo siguiente, sostiene que “determinadas situaciones en los antecedentes disponibles”, como la “eventual retención de fondos judiciales no depositados, eventual cobro de cheques por terceros, eventuales pagos sin respaldo documental, eventual ausencia de contraprestación y la posible existencia de fondos públicos cuyo destino no se encuentra acreditado”, ameritan “la intervención del Ministerio Público Fiscal”, para determinar “si detrás de tales irregularidades existieron conductas penalmente relevantes”.
Amarilla relata que, de acuerdo a lo publicado por Oz en sus columnas de LVM, “durante el ejercicio 2021 se habrían detectado diversas irregularidades en la administración de fondos municipales, como ser: erogaciones sin factura, ni recibo respaldatorio, así como cheques municipales que habrían sido cobrados por terceras personas sin acreditación ni autorización suficiente”.
El ex policía remarca que “particular relevancia presenta la situación vinculada con sumas retenidas judicialmente de los haberes del agente municipal Mario Javier Cybek, respecto de las cuales se habría efectuado la retención sobre sus haberes sin que los fondos fueran posteriormente depositados en la cuenta judicial correspondiente”.
El diputado provincial del bloque Algo Nuevo por los Trabajadores, Ramón Amarilla, denunció en la Justicia Penal de Misiones las presuntas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCM) en la gestión del ex intendente de San Javier y actual ministro de Cooperativas, Matías Vilchez.
El ex policía se hizo eco de las columnas del periodista Fernando Oz en La Voz de Misiones y canalizó este martes en el Ministerio Público Fiscal una presentación en la que requirió una “investigación minuciosa” de las rendiciones contables de 2021, 2022 y 2023, de la administración de Vilchez en San Javier, que fueron objetadas por el organismo contralor provincial.
Amarilla pidió a la Fiscalía que requiera al Tribunal de Cuentas “copia certificada íntegra de los expedientes de los Juicios de Responsabilidad correspondientes a las rendiciones de cuentas de la Municipalidad de San Javier que dieron origen a las sentencias Nº 388/2023, Nº 907/2023 y Nº 895/2024”, y solicite al municipio los “registros contables” de los períodos objetados, como también los “extractos bancarios de las cuentas municipales correspondientes”.
En el escrito al Ministerio Público, el legislador aclara que “la presente denuncia no pretende convertir automáticamente una desaprobación administrativa en una imputación penal, ya que la existencia de responsabilidad contable, patrimonial o administrativa no determina por si sola la comisión de un delito”.
Sin embargo, en el párrafo siguiente, sostiene que “determinadas situaciones en los antecedentes disponibles”, como la “eventual retención de fondos judiciales no depositados, eventual cobro de cheques por terceros, eventuales pagos sin respaldo documental, eventual ausencia de contraprestación y la posible existencia de fondos públicos cuyo destino no se encuentra acreditado”, ameritan “la intervención del Ministerio Público Fiscal”, para determinar “si detrás de tales irregularidades existieron conductas penalmente relevantes”.
Amarilla relata que, de acuerdo a lo publicado por Oz en sus columnas de LVM, “durante el ejercicio 2021 se habrían detectado diversas irregularidades en la administración de fondos municipales, como ser: erogaciones sin factura, ni recibo respaldatorio, así como cheques municipales que habrían sido cobrados por terceras personas sin acreditación ni autorización suficiente”.
El ex policía remarca que “particular relevancia presenta la situación vinculada con sumas retenidas judicialmente de los haberes del agente municipal Mario Javier Cybek, respecto de las cuales se habría efectuado la retención sobre sus haberes sin que los fondos fueran posteriormente depositados en la cuenta judicial correspondiente”.
“Respecto del ejercicio 2022, la Sentencia Nº907/2023 habría determinado un cargo solidario superior a los $33.000.000, involucrando, según la información disponible, al entonces intendente Matías Gustavo Vilchez, a la Secretaria – Tesorera Luisina Ayala y al Contador Alejandro Villafañe”, agrega la denuncia.
Asimismo, Amarilla alude también a la Sentencia 895/2024 del Tribunal de Cuentas, que “habría desaprobado nuevamente la rendición municipal y determinado cargos superiores a los $26.800.000”, de “pagos efectuados sin suficiente acreditación bancaria o documental, vinculados, entre otros, con transportistas y empresas constructoras”.
El diputado recuerda, en tal sentido, que el artículo 68, de la Ley I Nº 3, establece que, ante la posible comisión de un delito de acción penal pública, el Tribunal de Cuentas “debe remitir copia autenticada de las actuaciones al Fiscal Penal en turno para su merituación”.
“En virtud de ello -dice Amarilla-, resulta indispensable determinar si durante la tramitación de los expedientes correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, el Tribunal de Cuentas efectuó alguna remisión” a la Fiscalía.
“Respecto del ejercicio 2022, la Sentencia Nº907/2023 habría determinado un cargo solidario superior a los $33.000.000, involucrando, según la información disponible, al entonces intendente Matías Gustavo Vilchez, a la Secretaria – Tesorera Luisina Ayala y al Contador Alejandro Villafañe”, agrega la denuncia.
Asimismo, Amarilla alude también a la Sentencia 895/2024 del Tribunal de Cuentas, que “habría desaprobado nuevamente la rendición municipal y determinado cargos superiores a los $26.800.000”, de “pagos efectuados sin suficiente acreditación bancaria o documental, vinculados, entre otros, con transportistas y empresas constructoras”.
El diputado recuerda, en tal sentido, que el artículo 68, de la Ley I Nº 3, establece que, ante la posible comisión de un delito de acción penal pública, el Tribunal de Cuentas “debe remitir copia autenticada de las actuaciones al Fiscal Penal en turno para su merituación”.
“En virtud de ello -dice Amarilla-, resulta indispensable determinar si durante la tramitación de los expedientes correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, el Tribunal de Cuentas efectuó alguna remisión” a la Fiscalía.