Política
Diputados aprobó Inviolabilidad de Propiedad Privada: Arrúa y Ruiz en contra
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Redacción
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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.
Argentina Federal -el bloque que preside Oscar Herrera Ahuad-, votó dividido y, mientras el ex gobernador y el ex golfista Daniel Colo Vancsik votaron a favor, junto a Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); y Emmanuel Bianchetti, del PRO; Alberto Arrúa y Yamila Ruiz se plegaron al rechazo opositor, capitaneado por el peronismo y la izquierda.
En las abstenciones se anotaron los cordobeses de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; y Álvaro González, del PRO porteño.
La sesión fue tensa, maratónica y marcada por fuertes cruces políticos, lo que terminó reflejándose en una votación ajustada, que se definió por cinco votos de diferencia.
El debate del proyecto comenzó pasadas las 13:30 horas, luego de que el oficialismo y sus aliados lograran reunir el quórum, y se extendió por más de tres horas de alegatos, que dividieron las opiniones en dos bloques perfectamente antagónicos.
El punto crítico de la discusión fue la decisión del oficialismo de mantener los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, que la oposición describió como una “vuelta campana” del gobierno, que derogó estas restricciones en el DNU 70/2023 y volvió a eliminarlas en el texto original tratado en el Senado en agosto, cuyo capítulo debió retirar por falta de apoyo y para garantizar la media sanción.
Entre la aprobación con modificaciones en el Senado y la votación de hoy en Diputados, un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso en jaque a la Casa Rosada al rechazar un amparo del CECIM de La Plata contra el artículo 154 del mega decreto presidencial de 2023, dejando firme la derogación de la Ley de Tierras que ya había sido rechazada en el Senado, luego de masivas manifestaciones y pronunciamientos en todo el país.
Un segundo fallo de los supremos, que habían quedado expuestos al escarnio público, le devolvió el aliento , que establece un tope del 15% en todo el territorio nacional y el máximo de 1.000 hectáreas por titular en las zonas núcleo.