El ministro de Cooperativas, Matías Vílchez, salió al cruce de la denuncia que el diputado provincial Ramón Amarilla formuló en su contra por las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuenta de Misiones (TCM en su administración municipal en San Javier.

“La verdad sobre las falsas acusaciones: Vílchez demostró que utilizaron información parcial, desactualizada y con intencionalidad política”, se titula el comunicado de prensa, hecho público este lunes por el funcionario provincial.

“Ante la denuncia penal promovida por el Diputado Provincial Ramón Oscar Amarilla, quiero informar que las actuaciones ordinarias del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) invocadas en la acusación fueron legalmente recurridas y revocadas”, asegura el ministro.

Vílchez afirma que “la correlación de los fallos definitivos demuestra técnicamente la verdad sustancial del proceso” y que las tres sentencias del TCM, en que el ex policía apoya su denuncia, fueron recurridas y el organismo contralor emitió sucesivas sentencias de revisión.

“Ejercicio 2021: La Sentencia Nro. 388/2023 fue recurrida, logrando la revocación parcial de los cargos mediante la Sentencia de Revisión Nro. 274/2024; Ejercicio 2022: La Sentencia Nro. 907/2023 fue recurrida, modificándose sustancialmente por la Sentencia de Revisión Nro. 664/2024; Ejercicio 2023: La Sentencia Nro. 895/2024 fue recurrida, resolviéndose finalmente a través de la Sentencia de Revisión Nro. 916/2025”, precisa el comunicado.

“Tras la obligatoria intervención de la Fiscalía de Estado, se procedió al pago íntegro de los cargos residuales mínimos y multas de mi propio peculio”, sostiene Vílchez, aunque no ofrece detalles de los desembolsos realizados.

Asegura, asimismo, que “al cancelarse la totalidad de los conceptos, se consolidó formalmente la cosa juzgada (Art. 76 de la Ley I N° 3), lo que extingue cualquier acción penal por atipicidad absoluta”.

Según el ministro, “frente a la contundencia de estos documentos, cabe interrogarse: ¿Quiénes y por qué ocultaron maliciosamente las sentencias de los recursos que revocaron los fallos iniciales?”.

“El ocultamiento de las sentencias revisoras solo buscó descontextualizar la realidad para generar un daño reputacional y un impacto mediático difamatorio”, opina y afirma: “Hay real malicia”.

“Tal vez incomode que una gestión esté en el territorio, escuchando de primera mano las necesidades de los vecinos y trabajando para transformar esas demandas en soluciones concretas”, señala y alega: “Porque gobernar implica estar cerca, dar respuestas y asumir responsabilidades”.

El ministro de Cooperativas, Matías Vílchez, salió al cruce de la denuncia que el diputado provincial Ramón Amarilla formuló en su contra por las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuenta de Misiones (TCM en su administración municipal en San Javier.

“La verdad sobre las falsas acusaciones: Vílchez demostró que utilizaron información parcial, desactualizada y con intencionalidad política”, se titula el comunicado de prensa, hecho público este lunes por el funcionario provincial.

“Ante la denuncia penal promovida por el Diputado Provincial Ramón Oscar Amarilla, quiero informar que las actuaciones ordinarias del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) invocadas en la acusación fueron legalmente recurridas y revocadas”, asegura el ministro.

Vílchez afirma que “la correlación de los fallos definitivos demuestra técnicamente la verdad sustancial del proceso” y que las tres sentencias del TCM, en que el ex policía apoya su denuncia, fueron recurridas y el organismo contralor emitió sucesivas sentencias de revisión.

“Ejercicio 2021: La Sentencia Nro. 388/2023 fue recurrida, logrando la revocación parcial de los cargos mediante la Sentencia de Revisión Nro. 274/2024; Ejercicio 2022: La Sentencia Nro. 907/2023 fue recurrida, modificándose sustancialmente por la Sentencia de Revisión Nro. 664/2024; Ejercicio 2023: La Sentencia Nro. 895/2024 fue recurrida, resolviéndose finalmente a través de la Sentencia de Revisión Nro. 916/2025”, precisa el comunicado.

“Tras la obligatoria intervención de la Fiscalía de Estado, se procedió al pago íntegro de los cargos residuales mínimos y multas de mi propio peculio”, sostiene Vílchez, aunque no ofrece detalles de los desembolsos realizados.

Asegura, asimismo, que “al cancelarse la totalidad de los conceptos, se consolidó formalmente la cosa juzgada (Art. 76 de la Ley I N° 3), lo que extingue cualquier acción penal por atipicidad absoluta”.

Según el ministro, “frente a la contundencia de estos documentos, cabe interrogarse: ¿Quiénes y por qué ocultaron maliciosamente las sentencias de los recursos que revocaron los fallos iniciales?”.

“El ocultamiento de las sentencias revisoras solo buscó descontextualizar la realidad para generar un daño reputacional y un impacto mediático difamatorio”, opina y afirma: “Hay real malicia”.

“Tal vez incomode que una gestión esté en el territorio, escuchando de primera mano las necesidades de los vecinos y trabajando para transformar esas demandas en soluciones concretas”, señala y alega: “Porque gobernar implica estar cerca, dar respuestas y asumir responsabilidades”.