Una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas el pasado 10 de noviembre despertó la preocupación y angustia de 13 familias que viven en la Chacra 239 de la ciudad, un barrio que está relevado por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en Proceso de Integración Urbana, por lo cual los habitantes tienen permiso de ocupación de las parcelas y están amparados por una ley nacional y por la adhesión provincial a la legislación.

Ante el inminente desalojo que ejecutará la Justicia contra las familias posadeñas, el secretario general del Movimiento Evita Misiones, Martín Sereno, junto a militantes de su espacio político Tierra, Techo y Trabajo (TTT) visitaron la chacra para interiorizarse en la situación y acompañar a los vecinos.

De acuerdo a lo que pudieron constatar desde el espacio político, las familias que habitan el barrio cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar, expedido por la Anses a través del Renabap, además de contar con todos los requisitos que exige la ley provincial que prorrogó hasta diciembre del 2025 la suspensión de desalojos o remates de inmuebles que son destinados a vivienda única y familiar o producción agropecuaria.

Asimismo, como indica la legislación, los vecinos que recibieron la notificación de desalojo realizaron la inscripción correspondiente en el Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha).

“Estamos desesperados y esperamos que no se lleve a cabo esa orden. En caso de que insistan, es necesario que haya una alternativa para que no nos saquen a la calle con nuestros hijos, que nos resuelva el problema habitacional”, reclamó una mamá que vive en el vario hace más de ocho años, al tiempo que pidió que se respete la ley que los protege y que se tenga en cuenta que hay más de 30 niños y niñas que “podrían quedar en la calle”.

Las familias que recibieron una orden de desalojo cuentan con el certificado de vivienda familiar.

Legítimo reclamo

No es la primera vez que las familias sufren un intento de desalojo por parte de la Justicia misionera. El mismo episodio ocurrió hace cinco años y fue desarticulado cuando los vecinos presentaron la documentación que certifica que son parte de un barrio del Renabap.

Esta documentación, además de reconocer que habitan un lugar relevado por un organismo, certifica que las familias cuentan con el reconocimiento legítimo de posesión tanto por el Estado nacional como el provincial, a través de la ejecución de programas de los que fueron beneficiarios, como por ejemplo la bajada de luz por parte de la empresa de energía eléctrica.

Como en ese primer intento de desalojo, los vecinos acudieron nuevamente a la Defensoría del Pueblo y a la Subsecretaría de Tierras y Hábitat provincial cuando recibieron la intimación judicial para evitar que los dejen en la calle.

“Estamos haciendo todos los trámites y esperamos que el juez tenga empatía y cumpla con la ley que nos protege. Mientras, estamos en alerta, muy preocupados porque cometerían una gran injusticia”, señaló Cecilia, madre de una niña de 4 años, al dirigente social Martín Sereno.

Las familias de la Chacra 239 mantuvieron reuniones con el secretario del Movimiento Evita Misiones y manifestaron que “van a luchar porque conocen sus derechos sobre las viviendas que construyen con mucho esfuerzo”.

“Nos preocupa la notificación que nos llegó un domingo, avisando que nos dan un plazo de unos pocos días para que abandonemos nuestras casas. Es doloroso porque sabemos que la ley nos ampara y quedó demostrado en el 2019 cuando tuvimos el primer intento de desalojo”, afirmó Luis Alberto Aspeleiter, padre de seis hijos entre 3 y 17 años, tres de ellos nacidos en ese barrio.

Todos coinciden en que aunque tienen trabajo, muchos de ellos informales, no podrían pagar el alquiler de una vivienda.

“No pedimos que nos regalen nada; pero tampoco desconocemos que el Estado debe darnos la posibilidad de tener un techo para nuestras familias”, agregaron.

Las familias de la chacra 239 exponiendo sus Certificados de Vivienda Familiar

“Sus derechos a la posesión están reconocidos”

El referente del partido Tierra, Techo y Trabajo, junto a un grupo de militantes, se está ocupando en ayudar a las familias, y acompañando la lucha que llevan adelante.

“Estuvimos en el barrio con los vecinos e iniciamos las gestiones ante diversas instituciones para que se revierta la medida judicial, es evidente que no imparte justicia, sino todo lo contrario si se expulsa a las familias a la calle, algo inhumano y dramático en este momento tan crítico social y económicamente”, enfatizó Sereno.

El referente entiende que las familias se sienten angustiadas ante el riesgo del desalojo después de vivir muchos años en esa chacra.

“Estamos haciendo todo lo posible para que la Justicia revea esta injusticia porque su derecho a la posesión está reconocido desde el momento en que los propios organismos nacionales y provinciales les habilitaron programas como ‘Mi pieza’ y ‘Mi baño’, destinados a mujeres, mayores de 18 años, residentes en Barrios Populares del Renabap y que le permitió ampliar sus viviendas. Además, tengamos en cuenta que el 30 de octubre, hace menos de un mes, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga de suspensión de desalojos en la provincia”, recordó el dirigente.

Sereno detalló que a partir de las presentaciones hechas por las familias y las gestiones institucionales realizadas, se acordó en la Justicia otorgar un plazo que les permitirá presentar toda la documentación que avala sus derechos posesorios, buscando de esta manera ejercer el derecho a legítima defensa y que se revierta el fallo.

Las familias temen por un inminente desalojo.

“Construimos nuestra casa con mucho esfuerzo”

La preocupación que invade a los hogares es el miedo a perder lo que lograron con mucho esfuerzo. “Levantamos nuestras casas de cero y con el fruto del trabajo que cada vez cuesta más sostener. Yo vivo con mi esposo y mis hijos de 5 y 11 años. Ellos van a la escuela del barrio, acá tienen a sus amigos y están muy asustados. Vemos que les cuesta dormir y nos preguntan si de verdad la policía nos dejará en la calle, y no tenemos respuestas”, lamentó Fernanda Bacher, con lágrimas en los ojos.

Esta madre confía en la ley: “Gracias al Certificado de Vivienda Familiar del Renabap que nos dio la Anses pudimos bajar el medidor de luz, servicio que estamos pagando, y ahora esperamos que pase el conducto para la instalación del agua potable, porque queremos mejorar y vivir en condiciones dignas. Le pedimos al juez que deje sin efecto esa orden de desalojo, porque si nos saca de nuestro hogar, nos veremos obligados a dormir en la calle. Es imposible alquilar teniendo una familia numerosa, y acá somos 13 las familias trabajadoras y estamos angustiadas desde que recibimos la notificación”, remarcó Fernanda.

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En un trabajo coordinado entre el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad, la secretaría de Salud de la Municipalidad de Posadas y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), desde mañana hasta el viernes se realizará el primer relevamiento de mascotas en la capital provincial.

Con la ordenanza XII 137 aprobada por los ediles posadeños este año, se pondrá en marcha el operativo que busca recopilar datos sobre la situación poblacional de los gatos y perros en toda la ciudad.

Por medio de una conferencia de prensa realizada este martes en el recinto del HCD, la edil Malena Mazal, impulsora de la ordenanza, y Silvana Labat, directora del Ipec, brindaron detalles de cómo se ejecutará el censo.

El operativo será llevado a cabo por 65 encuestadores que estarán debidamente identificados y tendrán la tarea recabar información sobre las características del entorno, las condiciones habitacionales, el estado de salud y cuidado de los animales de compañía.

Para recolectar los datos, los encuestadores implementarán cuestionarios que tendrán como principal característica la confidencialidad y anonimato, tal como lo establece la ordenanza que da origen al primer censo de mascotas en Posadas.

El operativo también incluirá información sobre animales en situación de calle, lo que “permitirá dimensionar su impacto en la fauna urbana y la dinámica barrial”, indicaron desde la comuna, al tiempo que precisaron que los encuestadores que tendrán la tarea de recorrer casa por casa fueron capacitados en una jornada que se llevó a cabo en Concejo de la ciudad.

“Los datos permitirán identificar problemáticas relacionadas con la superpoblación animal, el cuidado responsable y las condiciones sanitarias, contribuyendo a mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de las personas en Posadas”, afirmó a la prensa la concejal Mazal esta mañana.

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Según un relevamiento socioeconómico a estudiantes del nivel superior, realizado por la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad de Posadas, quienes alquilan en la capital provincial y asisten a instituciones públicas tienen un costo de vida promedio de $400.000 por mes.

La encuesta fue realizada entre los meses de mayo y julio del corriente año, lapso durante el cual se identificaron cerca de 43.400 estudiantes afincados en la ciudad al momento de lanzar el sondeo, del cual se recopilaron 1.185 respuestas, sobre las cuales versan los resultados estadísticos.

Del total de encuestados, más del 60% eran mujeres y la gran mayoría tenía entre 21 a 25 años al momento de la encuesta. Respecto al lugar de origen, los estudiantes relevados eran principalmente del departamento Capital, ya que 55% provenían de los municipios de Posadas y Garupá. 

Pese a ser oriundos de la misma zona en la que estudian, el 81,8% respondió que alquila un departamento, mientras que el 10,7% paga por una casa mensualmente y un 5,4% arrenda “otro tipo de vivienda”. A su vez, el 70,5% afirmó convivir con familiares, en tanto que el 19,2% reside “solo” y el 10,3% convive con “otras personas, no familiares”.

En cuanto a las fuentes de sustento de los gastos de estudio, un 70,8% recibe aportes familiares y un 30% cuenta con trabajo propio. El 26,2% percibe “Becas Progresar y otra asistencia estatal”, un 3,5% tiene becas privadas y un 5,5% se financia mediante “otras fuentes” de ingreso.

Respecto al gasto de alquiler, al momento de la encuesta el 39,2% pagaba entre $51.000 y $100.000 mensualmente; el 29,2% entre 101.000 y 150.000; y solo un 2,8% abonaba $301.000 o más. A esto se le sumaba un gasto promedio de $97.800 por la compra de alimentos y bebidas.

Sin embargo, al analizar esa categoría en las diferentes áreas de interés introducidas, quienes vivían en el barrio El Palomar y Villa Urquiza gastaban aproximadamente $89.333 al mes en comida. Mientras que los residentes de Miguel Lanús destinaban $76.132 a la compra de alimentos y bebidas.

Gastos totales en promedio según zona de residencia

Otros gastos

Al indagar sobre el nivel de gastos en artículos de farmacia y relacionados a cuidados de la salud, como insumos médicos, el 45% de los jóvenes respondió que destinaba menos de $10.000 mensuales a la compra de estos artículos. Ese resultado podría atribuirse en parte al hecho de que cerca del 48% de los encuestados contaba con cobertura de salud.

A su vez, la estimación del gasto promedio individual en productos de farmacia e insumos médicos fue de alrededor de $18.335 teniendo en cuenta las respuestas de todos los encuestados.

Otros gastos asociados al desarrollo de sus estudios, son las compras de fotocopias y artículos de librería, junto al pago de transporte. En ambos casos, la mayor proporción de las respuestas se concentró en la categoría más baja, es decir, que más del 40% declaró gastar hasta $10.000 en librería y fotocopias al mes, al igual que en el pago de transporte y medios de movilidad.

El gasto de los estudiantes en fotocopias y productos de librería se calcula en $18.563, teniendo en cuenta a todos los encuestados.

En el caso del transporte, los resultados obtenidos parecen estar alineados con las respuestas recibidas sobre el medio más utilizado: el 75,5% dijo que era el colectivo urbano o interurbano.

Teniendo en cuenta que en la ciudad de Posadas se encuentra vigente el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito (BEEG) para todas aquellas personas que acrediten cursar de manera regular algún grado de educación, ya sea obligatoria o superior, podría suceder que los estudiantes decidan utilizar este medio de transporte gratuito antes que optar por otros que sean pagos y por lo tanto sus gastos en materia de movilidad no son muy altos.

En lo que respecta al pago de servicios básicos como energía eléctrica, agua y telefonía e internet, la mayoría de los encuestados señaló que las boletas que abonan por estos servicios se encuentran por debajo de los $20.000. De esta manera, el pago promedio por el servicio de energía eléctrica era de $24.868 al analizar todas las respuestas recibidas. 

En cuanto a los gastos en actividades deportivas y recreativas, la mayoría de los encuestados señaló que los montos que abonan por estos servicios y actividades se encuentran por debajo de los $10.000 al mes. Por lo que, el pago promedio destinado a actividades deportivas era de $14.487 al analizar todas las respuestas recibidas.

Finalmente, el 43,4% de los encuestados declaró que sus gastos mensuales en accesorios y prendas de vestir es de hasta $10.000, lo que hizo posible estimar un promedio general cercano a los $37.274.

Finalmente, el estudio reveló que la zona de Miguel Lanús es la que registra el menor promedio, con un monto total de gastos de $336.536, para quienes estudian en universidades públicas y alquilan. El resultado concluye que, entre los encuestados, vivir en las inmediaciones del centro de la ciudad conlleva un aumento de los gastos totales, traccionado mayormente por la incidencia de los alquileres.

Prorrogan hasta el 20 de diciembre el boleto estudiantil gratuito

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