Protesta policial en Posadas: “El juez dijo que va a tratar de interceder”
Las autoridades judiciales en turno en Posadas se presentaron este mediodía en la protesta policial que se desarrolla frente al Comando Radioeléctrico I sobre la avenida Uruguay y tras una breve reunión con referentes policiales acordaron intermediar con el gobierno antes de librar la orden de desalojo.
“Charlamos con el doctor, él nos conoce. Vino a interiorizarse de la situación. Nos comentó que tiene la orden de desalojo sobre su despacho pero que aún no la firmó. Nosotros le respondimos que agotamos todas las vías posibles pero nos cortaron el diálogo y solo recibimos represalias o traslados. Nos respondió que va a tratar de mediar con el ministro de Gobierno para que esto se resuelva de la mejor manera posible”, refirió el policía retirado Ramón Amarilla respecto a la conversación mantenida con el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis.
En el lugar también estuvo presente el fiscal René Casals, quien junto al juez Balor y a los referentes de la mesa de diálogo policial se reunieron en una oficina contigua a la dependencia policial ubicada sobre avenida Uruguay y calle Félix Bogado.
“Al doctor también le comentamos que el comando no está tomado. La dependencia policial está prestando servicios normalmente. Queremos llevar esa tranquilidad también al pueblo posadeño”, añadió Amarilla.
Luego de la reunión con las autoridades judiciales, el policía retirado y referente de la mesa de diálogo policial se pronunció ante los manifestantes que cortan el tránsito sobre la avenida Uruguay para poner en conocimiento de todos los ítems de la charla, donde alentó a continuar con la medida de fuerza y “resistir” en caso de que se concrete el desalojo.
Protesta y orden desalojo
La protesta frente al Comando comenzó esta madrugada, cerca de las 3, cuando los primeros grupos en protesta llegaron hasta la dependencia policial ubicada sobre la avenida Uruguay y calle Félix Bogado. La medida fue decidida tras tres días de acampe frente a la Jefatura.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la Justicia recibió una denuncia por la usurpación de la dependencia policial y otros delitos considerados en flagrancia, entre los cuales podrían incluirse “daños”, “alteración del servicio de comunicaciones y transporte”, “incendio” e “intimidación pública”.