Motos con escapes libres serán decomisadas y destruidas en Puerto Esperanza

Con su publicación en el Boletín Oficial de Misiones, este miércoles entró en vigencia la Ordenanza N.º 30, sancionada el pasado 8 de octubre por el Concejo Deliberante de Puerto Esperanza, que prohíbe la circulación de motocicletas con escapes libres o adulterados en todo el ejido municipal.

La normativa alcanza a las motos que carezcan de silenciador o tengan modificaciones en el sistema de escape destinadas a generar ruidos fuertes, explosiones o contraexplosiones. También incluye a los rodados cuyos escapes hayan sido alterados y produzcan sonidos superiores a los habituales.

Las infracciones podrán comprobarse mediante inspecciones, fotografías, videos o pruebas de funcionamiento. Además, los agentes municipales podrán retener las motocicletas sin necesidad de realizar mediciones de ruido cuando detecten escapes adulterados, ausencia de silenciador o la producción deliberada de explosiones.

Sentencia firme

Una vez comprobada la infracción, la autoridad municipal deberá retener la motocicleta y trasladarla al depósito municipal. El procedimiento quedará a disposición del Juzgado Municipal Administrativo de Faltas, que tendrá a su cargo resolver cada caso.

La ordenanza establece como sanción el decomiso definitivo y la destrucción total del vehículo, sin importar su cilindrada, valor, antigüedad o estado de conservación. La medida comprende el chasis, el motor, el sistema de escape y el resto de sus componentes.

Además, la normativa no contempla la posibilidad de reemplazar la sanción por el pago de una multa, tareas comunitarias o la reparación del escape. Tampoco permitirá recuperar el rodado mediante una regularización técnica posterior.

Sin embargo, antes de resolver, el Juzgado deberá citar al conductor y al titular registral, permitirles presentar sus descargos y ofrecer pruebas. También deberá verificar la titularidad del vehículo y posibles impedimentos legales para disponer de él.

Entre las excepciones, se encuentran los casos en que se acredite que la motocicleta fue robada o sustraída antes de cometerse la infracción, o que exista una orden judicial que impida su decomiso.

La destrucción recién podrá realizarse cuando la sentencia quede firme y hayan vencido los plazos para presentar posibles recursos administrativos o judiciales. El Municipio podrá utilizar métodos como el aplastamiento, la compactación o la trituración, además de cumplir con los procedimientos de descontaminación y baja registral.

Por último, la ordenanza establece que los restos de los vehículos podrán venderse como chatarra y que los ingresos obtenidos deberán destinarse a programas municipales de seguridad vial, control del tránsito y protección ambiental.