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Domingo, 27 de septiembre de 2026- Posadas, Misiones, AR
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Este año supimos que Misiones certificó cerca de diez millones de créditos de carbono por haber reducido la deforestación entre 2017 y 2022. ¿Qué puede significar eso en términos económicos para los misioneros?
Aunque la noticia generó alarma en varios sectores, hay un hecho indiscutible: los misioneros tenemos un resultado climático certificado que puede comercializarse y eso es algo muy positivo. Verra, la organización internacional que administra el estándar utilizado, verificó que la deforestación en Misiones fue menor entre el 2017-2022 que en años anteriores y aprobó los créditos de carbono correspondientes. Sin embargo, la certificación no equivale a una venta ni significa que todos los propietarios y comunidades estén de acuerdo con el programa.
Qué se certificó y por qué importa
Antes de abordar el mercado y los desafíos internos, me gustaría contar un poco qué significan REDD+ y JNR. REDD+ es un mecanismo climático internacional que permite demostrar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación forestal, y obtener financiamiento por esos resultados.
La J de JNR significa jurisdiccional: los resultados se contabilizan a escala de una jurisdicción completa, como una provincia o un estado. La N significa anidado: establece reglas para integrar y contabilizar los proyectos que se desarrollan dentro de ese territorio, incluidos los de propietarios y comunidades. En Misiones, el gobierno provincial presentó el programa y certificó, para el conjunto de la provincia, las emisiones evitadas por la reducción de la deforestación.
Lamentablemente, el programa de Misiones no incluyó la degradación forestal, es decir, las emisiones que puede causar la extracción de árboles aunque el bosque siga en pie. No encuentro una justificación convincente para dejarla afuera. Es grave, porque esa extracción es lo que está llevando a la selva al riesgo de extinción.
El desafío de vender
Ahora comienza un gran desafío para el gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda: vender los créditos. La pregunta para los misioneros es sencilla: ¿qué ingresos reales podemos esperar por nuestro carbono?
La necesidad mundial de financiar los bosques es enorme, pero eso no garantiza compradores para un crédito determinado. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, calcula que en 2023 se invirtieron 84.000 millones de dólares en bosques, de los cuales apenas 7.500 millones provinieron del sector privado. Para alcanzar los objetivos forestales globales harían falta 300.000 millones de dólares por año hacia 2030. Hay una brecha de financiamiento; también hay que convencer a quienes pueden aportar capital de que un programa ofrece resultados ambientales verificables y beneficios justos en el territorio.
Como referencia del mercado voluntario —donde empresas y otros compradores adquieren créditos de carbono por decisión propia—, Ecosystem Marketplace, una iniciativa que recopila datos de transacciones declaradas por participantes del sector, registró para los créditos REDD+ un precio promedio de 7,87 dólares en 2023 y 6,03 dólares en 2024. El volumen transado de esa categoría cayó de 28,2 millones a 13,6 millones de créditos entre esos dos años. En este contexto, si Misiones lograra vender diez millones de créditos a 10 dólares cada uno, obtendría 100 millones de dólares brutos; a 50 dólares, obtendría 500 millones. Son escenarios para dimensionar lo que está en juego, no precios ofrecidos a la provincia: los promedios registrados para REDD+ muestran que llegar a 50 dólares exigiría una negociación excepcional. El mercado se contrajo y los compradores examinan con más atención la calidad ambiental y social de lo que adquieren.
Por eso importa negociar bien, pero también demostrar qué puede hacerse con los ingresos. Y en eso todos los misioneros podemos hacer algo, incluso quienes hemos sido muy críticos con la política ambiental del gobierno de Misiones: participar en la discusión, aportar información y preparar iniciativas sólidas, avaladas por los propietarios y las comunidades involucradas, que puedan presentarse tanto al mecanismo provincial como a potenciales inversores. Si alguien se sintió afuera de las primeras etapas, este es el momento de intervenir en las decisiones sobre el destino del dinero, antes de que queden cerradas.
La distribución: una discusión que recién comienza
El anuncio de que los propietarios de bosques recibirían el 45 % de los futuros ingresos alegró a algunos y encendió alarmas en otros. La decisión redujo al 20 % la cuenta en la que deben competir por fondos productores, comunidades Mbya, municipios, organizaciones y otros actores; el 35 % quedó reservado para políticas provinciales. No alcanza con mirar los porcentajes: hay que preguntarse quiénes tendrán posibilidades reales de acceder al dinero. Un estudio elaborado con participación de la CEPAL y el Ministerio del Agro estima que Misiones tiene 25.000 pequeños productores. El Ministerio de Salud provincial informó que trabaja con 137 comunidades Mbya. Esas cifras no indican cuántos serán beneficiarios del JNR, pero sí muestran por qué una cuenta compartida entre tantos sectores exige una discusión seria.
Hay algo valioso en lo que está ocurriendo. El proceso, que en sus primeras etapas tuvo al Ministerio de Ecología como cara más visible, muestra ahora una participación más activa de Hacienda. Se abrieron encuentros, el gobierno modificó su propuesta inicial y distintos sectores comenzaron a preparar sus propias presentaciones. El cambio al 45 % no resolvió el desacuerdo; hizo más evidente que la distribución se puede discutir. Que los misioneros se involucren para decidir sobre el futuro de la selva, más allá de las elecciones, es una señal positiva que conviene sostener.
Los municipios fueron los grandes olvidados en el reparto porcentual. Pueden presentar proyectos dentro de la cuenta del 20 % y, en ciertos casos, recibir compensaciones por bosques propios o por los beneficios fiscales que otorguen. Pero no tienen una porción específica para prepararse ante sequías, inundaciones y emergencias que deberán atender en su territorio. Esa diferencia importa: competir por un proyecto ambiental no equivale a disponer de recursos para construir políticas de adaptación al cambio climático. El cambio climático sucede en los municipios.